LAS MALAS JUNTAS DE LA JUNTA
Los
caviares e izquierda son literalmente como “el agua y el aceite”; es
decir, intolerantes entre sí, aunque coinciden en defenestrar del cargo a doña Dina Boluarte
y convocar elecciones generales, incluyendo al actual Parlamento. Ejemplo de
esto es pretender mellar la imagen del Ejecutivo al insistir en la presunta -y
negada- brutalidad de las fuerzas del orden durante las violentas protestas
que dieron como saldo fatal 60 muertos y otros cientos de heridos. Adláteres como
Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han pronunciado en contra
del Estado peruano. Aunado a ello, el Ministerio Público ha reprogramado para
el próximo 6 de junio citación a la Mandataria para que responda por los fallecidos.
Lo sabíamos, aunque eso no es suficiente para obligarla a dejar el puesto. Conocen
además que desde la vacancia de Pedro Castillo, en diciembre de 2022, van perdiendo
fuerza; ergo, apego popular.
Entonces se presentó la oportunidad, preciada ocasión: La acusación
constitucional contra Zoraida Ávalos. Acusada por el presunto delito de
omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales con relación a las investigaciones contra el ilustre chotano, la Fiscal
Suprema calificó de "linchamiento político" el actuar del Congreso,
agregando que se trata de “…. un ataque a la autonomía e independencia del
sistema de administración de justicia”. De inmediato, la Junta Nacional de
Justicia salió en defensa de los intereses de la exfiscal de la Nación. A
todas luces, evidente intromisión de funciones en contra del primer Poder del Estado.
A todo
esto, ¿este pronunciamiento de la JNJ fue espontáneo o adrede?. Veamos.
La primera en reaccionar fue la legisladora Patricia Chirinos
denunciando a los miembros de la citada
entidad por patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo. Al día siguiente, vía redes
sociales, Mirtha Vásquez, exPremier del golpista Castillo Terrones, y
caviar por naturaleza, escribió “Hemos vuelto a los '90.
Así como en aquellos años destituyeron a los miembros del TC por oponerse a la
reelección de Fujimori, hoy van por la Junta Nacional de Justicia”.
Al respecto, debemos recordar que la polémica JNJ tuvo su origen
en las supuestas reformas constitucionales emprendidas por el entonces Jefe de
Estado, Martín Vizcarra, llevadas a cabo en el referéndum del 9 de
diciembre de 2018. En buen romance, su composición es CAVIAR.
Así, no es difícil deducir que en los próximos días empezará una campaña
de victimización cuestionando que tanto el gobierno como el Congreso están
atentando contra este inmaculado organismo constitucional, encontrando -como
no- eco a nivel internacional en las mencionadas ONGs y la CIDH, así como en
los Presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo
Petro.
Está claro, por tanto, que este polémico comunicado fue a propósito. No caigamos en el juego sucio de la caviarada, llegando al punto de destituir a los miembros de la JNJ. Probablemente se lo merezcan, aunque más relevancia tiene guardar siempre las formas democráticas en procura y provecho de nuestro Perú.
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