FERNANDO CARLOS VINICIO VALDIVIA CORREA

Keiko Sofía Fujimori Higuchi está nuevamente en prisión. Víctor Zúñiga ha sido el juez encargado de declarar fundado - luego de once audiencias - el pedido del controvertido fiscal José Domingo Pérez ordenándole 15 meses de prisión preventiva, basando su resolución en que existe “peligro abstracto de fuga” por parte de la señora Fujimori, desconociendo a su vez el criterio interpretativo del TC ( habeas corpus que decidió su inmediata excarcelación ). Desde luego, se han levantado voces, de la mayoría, de estupor e indignación ante tal desproporcionada e injusta medida adoptada por la justicia peruana, toda vez que no existe la figura jurídica del “peligro abstracto de fuga”, además de ser un derecho fundamental de la persona optar por alquilar o comprar una vivienda sin que ello conlleve a suponer la existencia de fuga alguna; y que un juez no puede ni debe apartarse de las sentencias emitidas por el Máximo Intérprete de la Constitución, tal como lo establece el Artículo 201° de

Carlos Morán está dispuesto a combatir la delincuencia extranjera en nuestro país, creando para ello la Brigada Especial contra la M igración Delictiva al interior de la PNP. Entendemos, a criterio del ilustre Ministro, la enorme preocupación por controlar la criminalidad existente. Sin embargo, dicha preocupación debe estar en consonancia con la realidad que vivimos diariamente. De manera previa, según cifras de Migraciones, hay cerca de 900000 venezolanos radicando en Perú. Así, de las más de 730000 denuncias por diversos delitos recibidas en el 2019, solamente el 1,8% involucró a venezolanos. ¿Se justifica la creación de esta Brigada Especial?. Antes de dar una respuesta analicemos. El Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú ( DS N° 026-2017-IN ), refiere que la PNP cuenta con Direcciones -entre otras - de Asuntos Internacionales , Inteligencia, Criminalística, Investigación Criminal, Antidrogas, Contra el Terrorismo, Lavado de Activos, Contra la Trata de Personas

El 9 de enero pasado, Gloria Montenegro tuiteó: “ Cuidemos a nuestros NNA desde que nacen. El 2018, cada día, 9 niñas de 14 años de edad o menos, acudió al RENIEC para obtener el Documento Nacional de Identidad de su recién nacido. Un total de 3129 casos. ¿Quiénes se indignan conmigo? ”. Al día siguiente, atizó: “ Somos un país de violadores ”, ratificándose más tarde de aquella controvertida frase. Horas después, el Premier Vicente Zeballos, intentando matizar dichas polémicas declaraciones, declaró “ el Perú es un país de gente de bien, y que las acciones de uno u otro no pueden llevar a generalizaciones ” . La señora Montenegro está indignada. Eso está claro y es comprensible, máxime si solamente el año pasado se registraron 16,632 casos de violencia sexual, siendo el 43.8% por delito de violación y que el 68.7% de las victimas agredidas fueron menores de edad ( Expreso, 10.01.2020 ). Pero, ¿es suficiente tal indignación de su parte?. Veamos. De acuerdo al Reglamento de Or

“ En la casa del jabonero, el que no cae resbala ”. Añejo refrán que calza perfectamente con la actual situación vivida en el Ministerio Público. Su Titular, Zoraida Ávalos, a su vez integrante de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuestionó la elección de Marco Falconí como miembro de dicho organismo constitucional, originando la postergación indefinida de su designación, a pesar que el 30 de diciembre pasado la propia Comisión Especial lo designó junto a los otros miembros (6 titulares y 7 suplentes), cumpliendo con la Ley Orgánica, Artículo 76.2, “ Para nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia se requieren el voto de cinco de sus integrantes ”. Más aún, la señora Ávalos no asistió a la juramentación de los 5 Miembros de la JNJ aduciendo motivos de transparencia como la publicación de las actas de asignación de calificación de cada uno de los postulante ( Expreso, 06.01.2020 ). Puro capricho. Sin embargo, con inusitada celeridad la Fiscal