MORAN, EL MINISTRO OCURRENTE
Carlos
Morán está dispuesto a combatir la delincuencia extranjera en nuestro país,
creando para ello la Brigada Especial contra la Migración Delictiva al interior de la PNP. Entendemos,
a criterio del ilustre Ministro, la enorme preocupación por controlar la
criminalidad existente. Sin embargo, dicha preocupación debe estar en
consonancia con la realidad que vivimos diariamente.
De
manera previa, según cifras de Migraciones, hay cerca de 900000 venezolanos
radicando en Perú. Así, de las más de 730000 denuncias por diversos delitos
recibidas en el 2019, solamente el 1,8% involucró a venezolanos. ¿Se justifica
la creación de esta Brigada Especial?. Antes de dar una respuesta analicemos. El
Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú (DS N° 026-2017-IN), refiere que la PNP cuenta con Direcciones -entre otras- de Asuntos Internacionales,
Inteligencia, Criminalística, Investigación
Criminal, Antidrogas, Contra el Terrorismo, Lavado de Activos, Contra la Trata
de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, etc.; vale decir, nuestra Policía tiene
la estructura orgánica para hacer frente a los distintos delitos que se cometen
en nuestro país.
Sin embargo, en el mes de junio pasado, la
Contraloría General de la República efectuó una visita de control a 624
comisarías y 463 municipalidades determinando los siguientes hechos i) las
comisarías cuentan con 1 efectivo policial por cada 803 ciudadanos, siendo más
compleja la situación en departamentos como La Libertad o Madre de Dios donde
se cuenta con 1 efectivo policial por cada 1000 ciudadanos; ii) existe 1
patrullero operativo por cada 17829 ciudadanos, con énfasis en departamentos
como Ucayali o Loreto con 1 patrullero por cada 40000 habitantes; y iii) el 22.5%
de computadoras de escritorio y laptop y el 35.4% de las impresoras, se
encuentran inoperativas. Datos resaltantes y por demás preocupantes.
Otro
dato preocupante, es la reciente dación del Decreto de Urgencia N° 012-2020 (El Peruano 16 de enero de 2020) estableciendo
como nueva causal de pase a la situación de retiro del personal policial la falta
de idoneidad para el cumplimiento de las funciones policiales, indicándose como
criterio -entre otros- “por actividades o
conductas que afecten gravemente los bienes jurídicos constituidos por la ética
policial, disciplina policial, servicio policial e imagen institucional,
debidamente corroboradas…. (Sic)”; es decir, potestad discrecional de la
autoridad (Ministro o Presidente de la República, según el caso). Sobre este particular,
el Tribunal Constitucional en el denominado PRECEDENTE CALLEGARI expresó en la STC N° 0090-204-PA/TC que “…. (Sic)… En ese sentido, la
potestad discrecional de la Administración, en el caso del pase a retiro por
renovación de cuadros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional, debe tener como sustento la debida motivación de las decisiones, las
cuales, asimismo, tienen que estar ligadas a la consecución de un interés
público que, en el caso de autos, está directamente vinculado a la finalidad
fundamental de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional: garantizar la
independencia, soberanía e integridad territorial de la República, y
garantizar, mantener y restablecer el orden interno, respectivamente, entre
otras funciones que la Constitución y la ley le asignen, y al cumplimiento
óptimo de sus fines institucionales en beneficio de todos y cada uno de los
ciudadanos, mediante la renovación constante de los cuadros de oficiales,
realizada en forma objetiva, técnica, razonada y motivada, excluyendo toda
posibilidad de arbitrariedad”.
Nuevamente,
entendemos la intención del gobierno en dotar de efectivos policiales con conducta
intachable; no obstante, para lograr este cometido no puede ni debe vulnerarse
los derechos constitucionalmente protegidos de los policías en actividad (a la
igualdad ante la ley, al honor y buena reputación, proyecto de vida, entre
otros).
En
suma, tenemos un Ministro ocurrente, es decir, sigue experimentando en cómo
combatir este flagelo que nos aterroriza a diario, mientras que los peruanos
vivimos en la incertidumbre -y
resignación en algunos casos- de no saber si mañana seremos las próximas
victimas del hampa.
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