FERNANDO CARLOS VINICIO VALDIVIA CORREA

El pasado 15 de febrero fue publicado en El Peruano el ACUERDO DE CONCEJO N° 026 mediante el cual la Municipalidad Metropolitana de Lima declaró al Centro Histórico de nuestra capital como Zona Intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad y/o salud pública . Por su parte, el 22 de los corrientes se publicó en el mismo Diario la Ordenanza 601/MM , a través de la cual la comuna miraflorina ratificó la Ordenanza 256-MM que oportunamente declaró zona restringida para cualquier tipo de concentración o manifestación pública a sectores de dicho distrito. Ambas normas están bien emitidas, toda vez que si bien la Policía Nacional tiene la tarea de cuidar el orden interno en el país, son las municipalidades las encargadas de administrar la ciudad. Ahora bien, es correcto reclamar . Es un derecho constitucionalmente protegido, así como el deber de las autoridades competentes atender estos pedidos. A mayor abu

Todos recordamos con infinita gratitud cuando a inicios del Covid-19, tanto personal de salud como policial hacían denodados esfuerzos por combatir esta pandemia y a su vez mantener el orden a nivel nacional. Encomiables ahíncos fueron, aunque de manera simbólica, compensados a diario y alrededor de las 8 pm con aplausos interminables. Héroes, sí. Y de carne y hueso. Además del alto precio a pagar: más de 1000 muertos y otros cientos recuperados aunque con secuelas posteriores. Pasaron los meses, vacado el mitómano exinquilino de Palacio de Gobierno, Martín Vizcarra , asumió el caviarón Francisco Sagasti defenestrando de inmediato a esta noble institución: 18 Generales PNP pasados al retiro. ¿La razón?, simple, como de costumbre “ potestad presidencial ”. Con la llegada del tristemente célebre Pedro Castillo , la situación estuvo lejos de mejorar. Fresco queda el recuerdo del mes de agosto de 2022 cuando en visita a la región San Martín dos efectivos se agacharon para atarle los zap

En los últimos dos meses ha cobrado especial relevancia el rol que desempeña la Defensoría del Pueblo en las diversas manifestaciones, incluyendo actos vandálicos, a nivel nacional. So pretexto del irrestricto respeto de la vida humana (de lo cual estamos de acuerdo), su personal ha visitado hospitales y comisarías, velando por la recuperación de los marchantes heridos y que los detenidos no sean vejados. En contraposición, han deplorado el uso excesivo de las fuerza por parte de nuestra benemérita Policía Nacional del Perú, poniendo además en segundo plano otros derechos consagrados como la libertad de tránsito, de trabajo, a la tranquilidad pública, etc. Asimismo, en sendos comunicados han puesto énfasis en que “ la protesta pacífica es un derecho constitucionalmente reconocido ”. Al respecto, la Carta Política expresa en el Artículo 2° el derecho, entre otros: Numeral 12) A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso

El Artículo 115° de nuestra Carta Política reza que “ por impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de éste, el Segundo Vicepresidente. Por impedimento de ambos, el Presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el Presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones ”. Y eso fue lo que ocurrió - en parte - cuando el pasado 7 de diciembre fue vacado el golpista Pedro Castillo . De inmediato, y contrariamente a lo prometido, asumió las riendas Dina Boluarte , en su condición de Primera - y única - Vicepresidente. Sabido es que ni bien juramentó, sus primera palabras no fueron de “ agradecimiento y no los defraudaré pueblo peruano ”, sino de envalentonamiento: ¡Me quedo hasta el 2026! . Así de simple, borrón y cuenta nueva. Error u horror, por donde se le aprecie. Y esas palabras infortunadas, hoy le pasan la factura . Agobiada por la permanente crisis, producto de sus imborrables e imprese