NO RENUNCIARÉ

En la administración pública, independientemente del nivel de Gobierno (Central, Regional o Local) los cargos de confianza son considerados como de libre designación y de remoción; es decir, la autoridad competente tiene la plena libertad de elegir a una persona para ocupar un determinado puesto (entendiéndose que cuando menos cumpla con el perfil requerido) y con el mismo albedrío ordenar su retiro. En el Ejecutivo, estos doce meses han sido -y siguen siéndolo- literalmente de horror, pues existe la acrecentada costumbre de funcionarios que habiendo renunciado, se resisten a dejar al cargo. Otros, se reciclan. Y, en menor cantidad (aunque no de relevancia), quienes se fueron y al poco tiempo retornaron como si nada hubiese sucedido.

El primer caso (sin importar el orden de demérito) es el Beder Ramón Camacho Gadea. El domingo pasado se oficializó su renuncia como Subsecretario General del Despacho Presidencial. Lo curioso es que éste ya lo había anunciado el 5 de agosto; es decir, hace 23 días. Cabe precisar que Camacho Gadea está siendo investigado por la Fiscalía por presuntamente haber facilitado la fuga del otrora hombre de confianza del mandatario, Bruno Pacheco. Seguidamente, el 17 de agosto, José Luis Gavidia Arrascue anunció su salida como Titular de Defensa. Los días transcurrieron, inclusive designó como asesor del ministerio a Jorge Ricardo Alva Coronado, de quien nos ocuparemos más adelante; hasta que siete días después, Richard Washington Tineo Quispe lo sucedió. Debemos recordar que Gavidia fue acusado de haber llevado en viaje oficial a sus tres hijas (de 11, 15 y 31 años de edad) a la ciudad de Huánuco, permaneciendo en dicha localidad por 3 días; sin embargo, esta denuncia periodística no fue obstáculo para que el último martes se publicase la Resolución Suprema Nº 066-2022-DE, designándolo como Representante Permanente Alterno del Perú ante la Organización Marítima Internacional en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del 01 de octubre de 2022 al 30 de setiembre de 2024. Premio a la ineptitud y afrenta para todos los peruanos.

El nombrado Alva Coronado fue hasta 4 de agosto Secretario General del Despacho Presidencial, que ocupó por cinco meses. La Contraloría cuestionó su designación al no cumplir los requisitos. No obstante ello, esta delicada observación no fue excusa para que a los días Gavidia Arrascue lo designara como Asesor. Con la llegada de Tineo en el MINDEF salió, pero se sobrepuso al instante y a partir del 28 de agosto ocupa el mismo puesto, aunque esta vez en el Ministerio de Justicia.

Continuando con el infausto listado, Andrea Gisela Ortiz Perea es, desde el pasado sábado, la flamante Asesora del Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo. Su designación como ministra de Cultura (del 6 de octubre de 2021 al 1 de febrero de 2022) se dio con bastante polémica al no tener conocimiento ni experiencia en el rubro. Hoy, en otra cartera ministerial es casi seguro que ocurrirá lo mismo. Insistimos, premio a la inhabilidad e injuria para nuestra sociedad.

Y, la “cereza al pastel” se la lleva -y de lejos- Betssy Chávez Chino. Designada como ministra de trabajo en octubre de 2021, fue censurada a finales de mayo por el Parlamente (con 71 votos a favor, incluyendo del partido aliado al gobierno, Perú Libre); sin embargo, esto no fue subterfugio para que asuma como Titular de Cultura desde el 5 de agosto. En resumen, sin rubor alguno aceptó nuevamente ponerse el fajín.

Todos estos polémicos personajes comparten algo en común: el afán desmedido por no desprenderse del cargo; es decir, seguir haciendo uso y abuso de los beneficios que otorga la función pública (con suculentos honorarios, incluyendo en algunos casos, choferes, comisiones de servicios, etc.).

El riesgo para el país es que al mantenerse en el puesto sean capaces de hacer muchas cosas. Donde lo legal (o no) queda sujeto a interpretación. Tal fue el reciente caso de la abrupta remoción del Teniente General PNP Luis Alberto Vera Llerena como Comandante General de la Policía Nacional del Perú. Días atrás, Pedro Pachas, abogado de Castillo Terrones, solicitó a Inspectoría abrir investigación disciplinaria contra el Coronel Harvey Colchado, integrante del equipo especial de apoyo al Ministerio Público, por supuesto allanamiento indebido a Palacio de Gobierno. Ante la aparente renuencia de Vera Llerena, lo cambió, designando como nuevo Inspector al Teniente General Segundo Mejía Montenegro, quién muy solícito ya citó a Colchado para la respectiva investigación, que no dudamos culminará con su pase a retiro (decisión que no compartiríamos, a pesar de las marcadas diferencias con este sobrevalorado Oficial Policial, pues la ley no ampara el abuso del derecho).

Queda claro que el apoyo que estos cuestionados personajes vienen brindando a este desahuciado gobierno no es por amor a la patria, sino simple y llanamente ¡A LA PLATA!.