VIZCARRA A LA CAZA DE ALCALDES
Martín Vizcarra, con su alocución
arrabalera, le dijo al pueblo “te voy a
dar una canasta, pero te la entregará tu municipio”, lloviéndole
innumerables aplausos y cuantos puntos más en su encaramada popularidad. Al día
siguiente emitió el DU que autorizó la transferencia de más de S/ 213 millones
a los cerca de dos mil municipios a nivel nacional para la adquisición y
distribución de canastas básicas en favor de la población en situación de
vulnerabilidad. Transcurrido más de tres semanas, no todos han cumplido con
esta tarea, siendo que además vienen presentándose deficiencias y hasta
presuntos ilícitos penales, originando el comprensible malestar, en especial de
las personas más afectadas (pobres y de extrema pobreza).
En una reciente diatriba, Vizcarra
fustigó a los Alcaldes a ser más expeditivos en la entrega total de los
capachos. La Contraloría, la Fiscalía, y hasta la Defensoría del Pueblo, no se quedaron
atrás. La primera indicó que en una visita a 561 municipios detectó que el 20% tuvo
problemas en la compra y el 32% en la distribución. La segunda ha comunicado
rauda y reiteradamente que ha iniciado indagaciones por presuntas adquisiciones
sobrevaluadas. Y, la última ha expresado que cuatrocientos onces municipios no
han ejecutado su presupuesto para tales compras.
Por su parte, el Comercio (22.04.2020)
lapidariamente dijo “Si bien no es
sorpresa alguna que el sector público muestre poca capacidad de gestión en
circunstancias normales, en un contexto de emergencia como el que se vive no
utilizar los recursos de manera oportuna es una expresión de desidia. Y el
problema no solo afecta la alimentación de miles de familias, sino que puede terminar
obligándolas a salir de casa a trabajar, lo que las expondría al virus”.
Sin embargo, la realidad nos muestra un
panorama distinto con relación a los municipios. Uno, el déficit presupuestal. El
85% de los ingresos es por fuente RdR, esto es recaudación (arbitrios y
predial), y que el 80% de los mismos sirven para cubrir gastos corrientes
(planillas, pensiones, servicios básicos, entre otros). Con las cajas cerradas
desde el 14 de marzo pasado, y sin vecino que cumpla con cancelar entendemos
que la situación de por sí ya era insostenible. Dos, el personal de planta
(nombrados, contratados, y CAS), salvo que sean considerados de necesidad ante
el Covid-19, se encuentran en sus casas, pagados, pues no aplica para ellos la suspensión
perfecta de labores. Por ende, las personas que vienen apoyando en la
elaboración y distribución son en su mayoría locadores de servicios. Tres, las condiciones
de movilidad al centro de trabajo. Seamos claros, no todos los colaboradores
que trabajan en la municipalidad, residen ahí. Antes de la cuarentena, a varios
les tomaba dos horas llegar al centro de labores. Actualmente, más todavía. A ello,
agregarle que el reparto de los víveres se da en las noches, con el serio
riesgo de retorno a casa por parte del trabajador. Cuatro, la gran demanda de
la población necesitada. Quejas, varias y en ocasiones válidas, de personas
beneficiadas cuando no debieron serlo, o viceversa. Esto origina -sobre la marcha- un replanteo en la
entrega (reformulación de los empadronados).
Evidentemente estos factores no son -ni interesan- de conocimiento público.
Es comprensible. La interrogante es ¿no lo sabía acaso de antemano el
gobierno?. La respuesta cae por si sola.
Entonces, ¿Por qué lo hizo, es decir,
generar esta sobrecarga laboral a los municipios?. Para ocultar -una vez más- su incapacidad de gestión.
A los diversos y severos casos de corrupción que vienen detectándose al
interior del gobierno (Vg. sobrecostos en mascarillas), se suma la indolencia
en la distribución de 17 mil toneladas de alimentos almacenados en 58 mil
colegios públicos del país, destinados al Programa Qali Warma, vergonzosamente suspendido
desde el inicio de la cuarentena, perjudicando a más de 4 millones de niños, y
que probablemente muchos de estos alimentos podrían a la fecha encontrarse en
mal estado. Dícese recién enterado, Vizcarra ordenó que se distribuyan los
mismos. Como reza el refrán “vemos la
paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro”.
Sabe Vizcarra que levantada la
cuarentena necesitará de una nueva “carne de cañón”. Sin más “congreso
obstruccionista” (el actual Parlamento sino sumiso, por lo menos propenso a
ello), ni obras por mostrar, y su nimio discurso de “lucha frontal contra la
corrupción” (sus predilectos fiscales Vela y Pérez ahora se esconden no quieren
asistir a diligencias), debe evitar que la gente diantre (aquella que por
mensaje por aplicativo lo aplaude rabiosamente con 83% de aprobación) y empiece
el repudio. Y qué mejor que Alcalde/s investigados y/o presos por corrupción en
la compra y entrega de canastas.
Sin pecar de ingenuos en creer que todas
las autoridades edilicias son seres divinos y/o inmaculados, es evidente que Vizcarra
encontrará la manera de seguir distrayéndonos con su panem et circenses con su tridente (DIVIAC, Fiscalía y Poder
Judicial), acompañado siempre de su apocada prensa.
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