A MÁS TREGUA, MAYOR LA POLARIZACIÓN
El último jueves, la Organización
de Estados Americanos (OEA), a través de Eladio Loizaga, excanciller
paraguayo, presentó su informe sobre la situación política del Perú,
recomendando una “tregua”, en tanto se convoca “a una instancia de diálogo formal
entre presidencia, legislativos, altas cortes, representantes de partidos
políticos y miembros de la sociedad civil, libre de condicionamientos”. Más allá de
las buenas intenciones, de las que está plagado el infierno, surge la
interrogante ¿cómo?.
Previamente debemos recordar que en nuestro país vivimos en
democracia. Con Pedro Castillo Terrones en el gobierno, o mejor dicho, a
pesar del ilustre profesor chotano. Así, la Constitución Política garantiza el check
and balance, o también denominado control y equilibrio de poderes en el
Estado. A través de ello, cada entidad goza de autonomía (incluyendo la
independencia e imparcialidad), cuyas funciones son exclusivas y excluyentes
respecto de otras. Tenemos por ejemplo al Ministerio Público como titular de la
acción penal, persecutor del delito; al Poder Judicial como administrador de justicia;
al Tribunal Constitucional como el supremo intérprete de la constitución,
conocido también como legislador negativo; y al Congreso de la República como
el encargado, entre otras, de legislar y de ejercer control político sobre los
actos del Ejecutivo.
Entonces, señores OEA nuevamente
la pregunta ¿cómo?. ¿Acaso pretendiendo que la Fiscalía deje de investigar las
acrecentadas denuncias contra el Castillo y sus secuaces (entendiéndose a sus
familiares y allegados); o que la Defensoría del Pueblo no intervenga en los
incrementados conflictos sociales producto de la inacción de los ministerios; o
que la Contraloría General de la República no evacúe informes de control recomendando
sanciones administrativas y/o penales a cuestionados funcionarios contratados en
este gobierno; o que el Parlamento no interpele, censure, ni forme comisiones
investigadoras (acaba de admitirse a trámite la tercera -y quizá la última-
moción de vacancia promovida contra el mandatario, citándolo para este jueves 7
de los corrientes a que ejerza su derecho de defensa), etc.?. La respuesta es
sencilla: IMPOSIBLE, pues como oportunamente lo sentenció el propio
Tribunal Constitucional “nadie está exento de control”, agregando que bajo
el tan comentado Principio de Legalidad, que rige en toda la administración
pública, lo que está escrito en la norma está permitido (entendiéndose como
facultado), y lo que no simplemente está prohibido. Ninguna persona puede ni
debe pretender rehusarse al cumplimiento del deber.
Parafraseando la máxima “lo
que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas”; es decir, lo que sucede en el
Perú queda (y debió quedar) en el país. Pero no, Castillo Terrones, en su
ahogamiento y agotamiento político, recurrió a la OEA denunciando “complot
contra la democracia”, “dictadura parlamentaria”, invocando la Carta
Democrática. Este organismo supranacional, lejos de preguntar primero,
informarse preliminarmente de lo que acontece aquí, anunció y envió una Misión
de Alto Nivel, cuyo paso por Lima más pareció una participación de festival gastronómico
(claro que pagado de nuestros bolsillos). No seremos Francia o Inglaterra en
lo que respecta a institucionalidad democrática, pero tampoco somos Venezuela,
Bolivia o Nicaragua.
Está claro que la visita de estos ilustres comisionados, así como sus conclusiones preliminares ha generado más brechas; ergo, una mayor polarización en nuestra clase política, sufriendo las consecuencias nuevamente la población más necesitada.
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