EN BUSCA DE LOS 41

Ocurrió lo previsible. O, mejor dicho, lo que estaba dentro de las posibilidades. El día anterior a la votación de la admisión de la vacancia, Pedro Castillo jugó sus cartas -de las poquísimas que van quedándole- y le resultó favorable. Convocó a los lideres de los grupos parlamentarios a Palacio para supuestamente tratar temas de interés nacional, y veinticuatro horas después, varios Congresistas dieron marcha atrás o no terminaron convencidos de dar su voto a favor. Solo 46 legisladores dijeron SÍ, quedándose a 6 para que el Presidente fuese obligado a rendir cuentas al país de todos (o por lo menos la gran mayoría) sus cuestionables actos de gobierno.

Triunfo palaciego. De momento, claro está. Castillo afronta, por lo menos, dos serias investigaciones, de las que le será muy difícil salir airoso. La primera tiene que ver con los “asuntos personales” que trataba en sus constantes visitas nocturnas al inmueble de Breña. Ante los reiterativos requerimientos de información por parte de la Procuraduría General del Estado de proporcionar la relación de personas que se entrevistaron con el mandatario, la Presidencia del Consejo de Ministros ha reconocido no haber revelado dicha información. Y para cuando eso suceda, tendremos un nuevo escenario de crispación política para el Ejecutivo por los nombres ahí detallados.

La segunda denuncia es la relacionada con el espinoso tema de la presión ejercida sobre el entonces Comandante General del Ejército para ascensos a Oficiales que no cumplían con el perfil requerido. Recientemente, el Diario El Comercio da cuenta de mensajes de Castillo hacia el General EP Vizcarra: "Comandante del Ejército Víctor Hugo Torres Quispe", agregando "para Coronel". Jaque mate Pedro, Jaque Mate. Por este asunto, el Ministerio Público decidió investigarlo. Más aún, la Fiscalía de la Nación comunicó que, a pedido del propio Castillo, se reprogramó su declaración testimonial de este martes 14 de los corrientes, hasta nuevo aviso.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que un funcionario público está sujeto a tres tipos de responsabilidades, independientes entre sí: Civil, Penal, y Administrativa Funcional. En este último supuesto, el Código de Ética de la Función Pública (Ley N° 27815) refiere en el Artículo 7° Deberes de la Función Pública, Numeral 1) Neutralidad, actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones; 2) Transparencia, ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna; y 4) Ejercicio Adecuado del Cargo, que con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones el servidor público no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas; mientras que el Artículo 8° Prohibiciones Éticas de la Función Pública, Numeral 1) Mantener Intereses de Conflicto, Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones a su cargo; y 5) Presionar, Amenazar y/o Acosar, ejerciendo presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas.

En este caso, queda fehacientemente demostrado que Pedro Castillo Terrones, en pleno ejercicio del cargo de funcionario público que personifica a la nación (Artículo 110° de la Constitución Política), ha transgredido la Ley de Ética de la Función Pública, lo que conllevará a que el Congreso de la República lo declare moralmente incapaz. Es cuestión de tiempo, muy poco de hecho, para que la representación nacional supere largamente los 41 votos que hoy se buscan, y proceda conforme a la Constitución y la Ley.