SEÑORA AVALOS, SEGUIMOS ESPERANDOLA
La
sanción pecuniaria del 10% de haberes al dislocado Fiscal José Domingo Pérez
por haber efectuado reiteradas declaraciones políticas, a cargo del Jefe de
Control Interno de Lima, Luís Germaná Matta, resulta una noticia alentadora, en
contraste con la irrebatible persecución política-judicial a los adversarios
del actual régimen de facto. Como era de esperar, la prensa áulica se
conmocionó al borde de la indignación, como el oficioso Diario La República (10.11.2019): “Sanción a fiscal Pérez es represalia por su trabajo en el caso Lava
Jato”. Resulta paradójico -por
decirlo menos- que en diciembre de 2018, el propio Fiscal Superior Germaná
Matta archivó la denuncia promovida de oficio contra el hiperbólico Pérez, apelando
a la libertad de expresión al haber cuestionado la designación de Pedro
Chávarry como Fiscal de la Nación, hecho que fue celebrado por el Programa “No
hay Derecho” de Ideele Radio (20.12.2018). Por ello, cae de perilla la frase “no
todo está perdido”, pues existen no solo valientes sino conocedores
funcionarios públicos como el Doctor Germaná Matta, quienes cumplen a cabalidad
la labor encomendada, más allá de las presiones existentes en sentido
contrario.
Mientras,
en el Ministerio Público siguen las pullas internas. Los Fiscales Supremos
Chávarry Vallejos, Gálvez Villegas y Rodríguez Monteza desafían a la Fiscal de
la Nación, pretendiendo dejar sin efecto la designación de Pablo Sánchez como
encargado de la investigación a la presunta red criminal “Cuellos Blancos del
Puerto”. La reacción de la señora Ávalos no se hizo esperar y cual mensaje a la
nación en señal abierta “respaldó” a Pablo Sánchez explicándonos -sin entender por qué y para qué- las
razones por las cuales continuaba a cargo. También es cierto que días antes, la
propia señora Ávalos reculó aceptando que un Fiscal Supremo solo puede ser
investigado por la Fiscal de la Nación.
Reconocemos
su meritocrática trayectoria de más de 35 años al servicio de esta noble y
prestigiosa entidad; sin embargo, urgen cambios -aunque parezcan domésticos- como la designación del Gerente
General, o la pobrísima ejecución presupuestal en el Instituto de Medicina
Legal -que depende del MP- en cuyo rubro
Activos No Financieros (adquisición de vehículos, maquinarias y otros) solo se
gastó el 0.1 % de más de S/ 14 millones.
Transcurrido
más de 40 días del golpe de estado del señor Vizcarra, la señora Ávalos debe fijar
su posición institucional, puesto que la Carta Política (Artículo 159°) refiere
que corresponde al Ministerio Público “Promover
de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad
y de los intereses públicos tutelados por el derecho”. No puede ni debe
menospreciar tal pronunciamiento pendiente aduciendo esperar el fallo del TC,
toda vez que son vías diferentes: el rol del Tribunal Constitucional será
analizar la constitucionalidad de la decisión del golpista de cerrar el
Parlamento (declarando oportunamente fundada o infundada), mientras que su
posición será sobre si tal decisión afectó o no derechos fundamentales, y de
ser así perseguir de oficio la comisión de presunto/s delito/s en cautela y
defensa de los derechos de nuestra sociedad.
Atendiendo
a esto último, coincidimos con El
Comercio (11.11.2019) cuando refiere “…(Sic)….,
los lentos avances en los casos de corrupción conviven con un ánimo que puede
ser mezcla de desidia o temor en el sector público -no solo el Ejecutivo- que
podrían estar fermentando un hartazgo mayor, de impacto impredecible en las
elecciones del 2020 y 2021. Junto con funcionarios comprometidos y esforzados,
conviven aquellos ajenos e insensibles a las demandas de la ciudadanía”.
Señora
Ávalos tiene Usted la palabra. Seguimos esperándola.
Comentarios
Publicar un comentario