EDMER, EL AMIGO DE LA CONSTRUCCION
“Mientras estás de viaje, contratas a Juan
para que cuide tu casa. Al retornar, no encuentras a Juan y tu casa está
literalmente vacía. Das cuenta de inmediato a la Policía y en cuestión de horas
aprehenden a Juan, recuperando parte de lo hurtado. Treinta días después,
llamas nuevamente a Juan para que continúe laborando en tu hogar, con la
promesa de éste que no sustraerá nada”. En realidad, ¿volverías a
contratarlo?. Edmer Trujillo nos dice que sí, que ello es posible.
Días
atrás, en entrevista a Exitosa declaró:
“(Si)
todas las empresas del Club de la
Construcción salen, te quedas sin empresas. ¿Con qué construimos? ¿Cómo
construimos? ¿A quiénes traemos? ¿Quiénes vienen? También es un tema que hay
que ver, que hay que tomar en cuenta… (Sic)… Si sacas al Club de la
Construcción, has acabado con todas las empresas del país. Así de simple es el
tema”. Raudamente, con micrófono en mano, el eremita Premier del gobierno
golpista expresó: “Debemos
analizarlo en el contexto que se dio. Nosotros como Poder Ejecutivo no
sancionamos, no nos corresponde. Ni la parte administrativa ni mucho menos en
la parte jurisdiccional, somos respetuosos de la autonomía de aquellos entes
que administran justicia. En este caso tenemos ciertas limitaciones de orden
normativo”, agregando “Si hay un
contratista que no tienen alguna sentencia o alguna disposición administrativa
de inhabilitación definitivamente puede seguir contratando pero también es
cierto es que no podemos caer en generalidades, hay empresas honradas y honestas,
y peruanas también”.
De acuerdo con Trujillo y
Zeballos, si no permitimos que este presunto club gansteril siga contratando
con el Estado -y por ende usufructuando
de nuestros recursos públicos- entonces literalmente el Perú se paraliza. Esta
información es totalmente inexacta. Previamente, recordar las palabras del
señor Vizcarra (cuando era Presidente Constitucional): “Si queremos lograr la transparencia en toma de posiciones tenemos que
tener un Congreso que se comporte a la altura de la circunstancias, un Poder
Judicial que haga lo propio y un Ejecutivo y yo asumo la responsabilidad de que
tenemos que luchar contra la corrupción, pero también un Ministerio Público que
esté liderado por un fiscal que esté libre de dudas o cuestionamientos. Y esto
no está ocurriendo con el fiscal Chávarry, hay cuestionamientos y pedimos
también que haya el paso al costado” (El
Comercio, 02.10.2018). Para aquel momento, Pedro Chávarry era Fiscal de la
Nación y no tenía -como hasta hoy-
sanción penal ni administrativa.
Siguiendo
con el tema, en primer lugar, al margen de la presunta responsabilidad penal, tenemos
que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a través
de su Tribunal, sanciona a las personas (naturales o jurídicas, incluyéndose en
esta última a Consorcios) por infracciones administrativas, cuyas sanciones van
desde multa hasta inhabilitación definitiva (Artículo 50° y siguientes de la
Ley de Contrataciones del Estado). Cabría preguntarle al OSCE si estas 31 empresas
del mencionado club (Gestión, 13.05.2019),
o quizá algunas de ellas, ya se encuentran sancionadas para seguir contratando
con el Estado. En segundo término, la ejecución presupuestal del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en el rubro de Infraestructura Vial, ha gastado únicamente el 2.9% (PIM de casi S/
850 millones), mientras que PROVÍAS NACIONAL, -que depende del MTC-, en el rubro de adquisición de vehículos, maquinarias y otros, ejecutó solamente el
4.7% (PIM de cerca de S/ 78 millones). En buena cuenta, ineficiencia total por
parte de este precario gobierno.
Lee Kuan Yew, el célebre Primer
Ministro de la floreciente Singapur, dijo “si
quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus
amigos y familiares”. Entendámoslo bien, no solo se trata de seguir
persiguiendo judicialmente (LAWFARE) a los adversarios del régimen de facto, utilizando
temerariamente a la DIVIAC con la complicidad -silenciosa en algunos casos- de la Fiscalía, sino a todo aquél que
hubiera subvertido el orden constitucional y legal, respetando desde luego el
debido proceso y demás derechos.
En
resumen, debe primar siempre los intereses del país, a los personales del señor
Vizcarra y su alicaído gabinete.
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