¿QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES?, LA DISPARATADA DIVIAC
La
noticia de la semana (o quizá del día por cómo van las cosas en nuestro país)
nos trae el Diario Expreso: “Colchado nos pidió que ‘echemos’ al fiscal
Chávarry” [1].
Así, el líder de la organización parapolítica denominada DIVIAC, Harvey
Colchado (sí, a secas pues anteponerle el grado de Coronel PNP resultaría
demasiado), envuelto -esta vez- en un
presunto ilícito penal al amedrentar en el interior de Inspectoría de la
Policía a los suboficiales PNP Juan Víctor Arias Contreras, James Rodríguez
Zavaleta y Hugo Gerardo Robles Chiong, ex-escoltas del entonces Fiscal de la
Nación Pedro Chávarry, para que cambiasen de versión sobre los hechos
suscitados en la oficinas del Ministerio Público, y con ello culpar al hoy Fiscal
Supremo Chávarry Vallejos.
Esta lamentable situación, se suma (o resta dependiendo
cómo lo miremos) a una serie de acontecimientos políticos cuestionables al
interior del aparato estatal, que incluyen desde luego al gobierno del señor
Vizcarra. En el Ministerio Público -cuyo
lema solo para el recuerdo de “Una luz que nunca se apaga”- un nuevo escándalo
en el caso Odrebecht a propósito de la existencia de corrupción en 20 obras que
no fueron incluidas en el Acuerdo por el dúo dinámico Vela-Pérez. Como bien
anota Manuel Romero Caro “… (Sic)... Asimismo las fuertes críticas al ACO,
los errores cometidos y los temores sobre las futuras investigaciones que se
efectuarán al respecto han afectado la unidad del equipo LJP y de la Fiscalía.
A los reiterados enfrentamientos entre los fiscales Vela versus Hamilton
Castro; Chavarry versus Pablo Sánchez; ahora se suma la Junta de Fiscales
Supremos, que ha citado a los fiscales Vela y Pérez para que expliquen los
alcances del ACO…. (Sic)...” [2].
Similar situación en el Poder Judicial, toda vez que el
Juez Supremo, Jorge Castañeda, se inhibió a última hora de seguir conociendo la
casación de la señora Keiko Fujimori, presionado a su vez por la ONG IDL y
medios de comunicación afines (incluyendo comentarios altisonantes de personajes
no tan ocultos del gobierno del señor Vizcarra).
Por su parte, el INPE [3]
sigue literalmente “deshojando margaritas” preguntándose cómo y por donde escapó
el delincuente -y hoy prófugo- Goro.
Claro está que el cambio de funcionarios al interior fue necesario, pero nunca
suficiente.
Y, en el Ministerio de la Mujer, las destempladas
declaraciones de su aún Titular “con tus
hijos sí me meto”. Huelgan mayores comentarios a este horror mayúsculo por
parte del señor Vizcarra al nombrar a Gloria Montenegro en esta delicada y
trascendente cartera ministerial.
Todo esto nos lleva a la siguiente interrogante: ¿Quis
custodiet ipsos custodes?, o en castellano ¿quién o quiénes son los encargados
de controlar el ejercicio abusivo del poder que ostentan estas personas, que
dicho sea de paso representan a los órganos tutelares de nuestro estado peruano?.
De manera preliminar, el Tribunal
Constitucional ha dejado sentado en reiterada jurisprudencia que nadie está
exento de control, sean personas naturales o jurídicas, y estas últimas de
derecho público o privado.
Bajo esta premisa, debe entenderse que al interior de todo
organización estatal existen órganos de fiscalización, control, disciplinario,
etc. Así, el MININTER cuenta con Inspectoría y Tribunales Disciplinarios PNP. Lo
mismo sucede en el Ministerio Público, pues además de la Junta de Fiscales
Supremos, existe la Oficina de Control Interno (Superior y Suprema).
Entonces, volviendo al tema de la DIVIAC, si las
declaraciones de los efectivos PNP fueron ante la Fiscalía, ¿se le tomó la
declaración al señor Colchado?, ¿Pidieron su detención preliminar o prisión
preventiva?, ¿Qué acciones ha tomado el señor Morán, su Jefe?.
La
respuesta, dura pero evidente, es el persistente sometimiento del poder
político del gobierno del señor Vizcarra en las instituciones del Estado. Ello,
es preocupante porque rompe el equilibrio de poderes (Checks and balances) que debe primar en todo estado de derecho, conllevando
a la indefensión en la adecuada protección de los derechos fundamentales de
todos nosotros.
Afortunadamente,
el riesgo país de nuestro Perú se mantiene y cerró en 0.94
puntos porcentuales según refiere JP Morgan; sin embargo, lo preocupante: “La última
encuesta de Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO), señala que cada año 400 mil jóvenes
culminan la secundaria, solamente un 4.6% de jóvenes pertenecientes a familias
de bajos recursos económicos podrán continuar estudiando. Y el 94.6% restante,
se insertará en un empleo informal y precario, o pasará a ser NINI” [4]; es decir, que más de 370 mil jóvenes no podrán seguir estudiando por
falta de recursos económicos.
Fernando Valdivia Correa
Abogado
Cel. 945680439
Email: fvaldiviacorrea@hotmail.com
Egresado de la Maestría en Derecho Constitucional
Egresado de la Maestría en Comportamiento Organizacional
y de Recursos Humanos
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