IRRESTRICTA DEFENSA DE LA INSTITUCIONALIDAD DE NUESTRAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

No fue la primera, ni la segunda, y lo más probable que no será la última vez que este mortecino gobierno arremete contra la institucionalidad de nuestra Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Al inicio de esta debacle presidencial, el estrenado Héctor Béjar vio forzada su renuncia como Ministro de Relaciones Exteriores por unas deplorables declaraciones en contra de la gloriosa Marina de Guerra, al conocerse que el mes de noviembre de 2020 imputó de haber sido “la responsable de iniciar el terrorismo en el Perú”. No pasó mucho tiempo, y un nuevo escándalo sacudió el escenario político nacional: José Vizcarra Álvarez, Comandante General del Ejército, fue pasado al retiro. De inmediato declaró que se enteró de su cese a través de la prensa. A los días, siguió explicando que fue sacado del cargo debido a su negativa a ceder a las presiones por parte de Walter Ayala y Bruno Pacheco, Titular de Defensa y Secretario General, respectivamente, para ascender irregularmente a dos Oficiales al grado de General EP. Esta denuncia se encuentra actualmente adormilando en la Fiscalía. Y, a inicios del pasado mes de abril, el Premier Aníbal Torres Vásquez, en entrevista a una emisora radial extranjera, criticó la labor de la Policía al afirmar que "no existe un número suficiente, y que su preparación es deficiente". Al instante, el responsable del sector, Alfonso Chávarry, defendió -en solitario al interior del gabinete- la labor de la PNP, lo que a la postre le significó dejar el fajín ministerial.

En esta ocasión el pretexto utilizado por el Ejecutivo para atacar nuevamente a estas emblemáticas entidades ha sido la férrea defensa a las rondas campesinas por el secuestro de dos reporteros del programa Cuarto Poder de América Televisión. En el Consejo de Ministros descentralizado llevado a cabo en Cajamarca, el Primer Ministro agregó “Ya quisiéramos que brindaran la misma seguridad a todo el país”. A los minutos, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un Comunicado en el que “…, lamentamos profundamente estas declaraciones, que desvirtúan la abnegada labor que desempeñan nuestros integrantes al servicio de la Nación”. Horas después, tratando de mitigar sus atentatorias expresiones manifestó a través de las redes sociales “Rechazo enérgicamente todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión. Somos respetuosos del Estado de derecho”. Eso sí, sin ofrecer disculpa alguna. Lo curioso de todo esto (aunque no sorprendente) es que ningún integrante del Gabinete se hubiera pronunciado. ¿será para evitar la iracunda reacción del “muchachito tonto” y seguir el mismo destino de Chávarry?.

Cierto es que el maltrato a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional es de larga data. Sucesivos gobiernos (Toledo, Humala, Vizcarra y Sagasti) han usado y abusado del poder para vilipendiar su accionar. Fue el caso de la ilegal remoción de 18 Generales PNP durante el transitorio mandato del rehén que pidió autógrafo al emerretista Cerpa Cartolini. Y, con el agravante que los agraviados no son deliberantes; es decir, no pueden defenderse.

Lo que sí llama la atención es la tímida reacción suscitada. Uno que otro medio de comunicación trató el tema (andan más preocupados en la denominada “ley mordaza” presentada ante el Parlamento). Ocurre lo mismo en el Congreso, pues unos cuantos legisladores han “exigido la renuncia” del basilisco Vásquez, a sabiendas que no lo hará. Y, nadie, sí nadie de los supuestos líderes de opinión de izquierda y caviares. De estos últimos es comprensible su inacción dado el evidente conflicto de intereses al cuestionar siempre -sobre todo a la PNP- su labor de repeler manifestaciones que alteran el orden público, procediendo ipso facto a sentar la denuncia y exigir cárcel para “los responsables”, siendo que en el supuesto de no ser “escuchados” recurren ante la ideologizada CIDH. ¿El motivo? Miles, o mejor dicho cientos de miles de dólares en compensaciones a las ONGs que representan en defensa a las supuestas “víctimas”. En buen romance “business son business”.

Es necesario, como parte del diligente cuidado de nuestra democracia, la irrestricta defensa de la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Aún en contra de los subalternos deseos de Pedro Castillo Terrones en pretender mermar y/o desaparecerlas. Y esto, es tarea de todos.