LA IMPROVISACIÓN COMO LEMA DE CAMPAÑA DE PEDRO CASTILLO PROFUNDIZA LA DESCONFIANZA EN EL SECTOR PRIVADO Y GENERA RECHAZO EN EL SECTOR PÚBLICO

Pedro Castillo Terrones, o simplemente Don Pedro como solía llamarlo afectuosamente su amigo Hernando de Soto, ha declarado en el debate presidencial del domingo último que “Yo he visto a los gobernadores regionales, a alcaldes, formando cola en el MEF cargando regalos de su región, y, sinvergüenzamente, el funcionario les pide a los alcaldes ‘dame tanto para darte tanto’; les dan un millón y ese millón no llega al pueblo, se queda en el camino el 10,15%”, agregando luego que los proyectos mineros Tía María (Arequipa) y Conga (Cajamarca), en un eventual gobierno suyo simplemente no van.

Temeraria afirmación del candidato comunista, pues sabemos que una de las reglas para la inversión en el país es que el empresario tenga confianza en el país, y eso se logra cuando existen instituciones públicas con credibilidad. Más allá de cualquier crítica, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene acrecentada certidumbre interna e internacionalmente. Inmediatamente, el órgano rector en materia económica cuestionó las impertinentes declaraciones añadiendo que “cualquier denuncia, debidamente fundamentada, debe ser canalizada a través de las instancias competentes”, intentando a su vez “poner paños fríos” a la compleja situación y no generar impertinencia del gobierno en el presente proceso electoral.

En lo que respecta a la inversión minera, en marzo pasado la agencia oficial Andina trasladó las declaraciones del ministro de Energía y Minas proyectando la ejecución para este año de 5,200 millones de dólares, monto mayor a los 4,300 millones registrados en el 2020, puntualizando que para el próximo año se espera lograr los 6,000 millones de dólares de inversión, y que para el 2025 se inicie la construcción de 13 proyectos por un monto de 11,700 millones de dólares, entre ellos, Yanacocha Sulfuros (2021), Corani (2021), San Gabriel (2021), Magistral (2022), Zafranal (2023), Los Chancas (2024), Michiquillay (2025), entre otros. Esto se traduce en fuente de empleo (directo e indirecto) para miles de peruanos, amén de significar ingresos a las arcas del Estado y su distribución a gobiernos regionales y locales de las zonas donde se explotan los recursos naturales (Canon).

De esto último, el año pasado y a nivel de gobiernos regionales, Ancash con S/ 491 millones ejecutó solamente el 43%; Cajamarca con S/ 79 millones gastó el 62%; Pasco con S/ 36 millones ejecutó el 40%; mientras que Huancavelica con S/ 63 millones únicamente gastó el 36%. En gobierno locales, Ancash con S/ 1´600 millones ejecutó el 43% (Chimbote con S/ 129 millones únicamente gastó el 30%); Cajamarca con S/ 300 millones gastó el 48% (la Provincia del mismo nombre de S/ 23 millones gastó el 46%, mientras que Chota de S/ 14 millones ejecutó el 56%); Arequipa con S/ 1´200 millones ejecutó el 52% (la Provincia del mismo nombre de S/ 18 millones gastó solo la mitad, mientras que Yarabamba de S/ 191 millones ejecutó el 27%). En suma, inversión minera existe; distribución del dinero a los gobiernos regionales y locales, también. ¿El problema? Ineficiencia en la ejecución del gasto público.

Si a esta funesta situación, le incluimos la populachera propuesta de Pedro Castillo de una economía popular de mercados que no es otra cosa que una economía estatista, contraria al libre mercado, se ahuyentaría la inversión extranjera, reduciéndose dramáticamente los ingresos (recaudación), y trayendo como consecuencia inevitable la pérdida de miles de empleos, los que se incorporarían a los más de tres millones trescientos mil que ya han caído en la pobreza el 2020 a causa de los estragos del Covid-19.

#NoAlComunismo, #NoAlTerrorismo, #NoAlEstatismo.