AUT CONSILIO AUT ENSE

En 1998, en entrevista televisiva concedida a Univisión, el entonces candidato presidencial venezolano Hugo Chávez Frías negó que en un eventual gobierno se nacionalizase alguna empresa, agregando que daría mayores facilidades a capitales privados para que invirtiesen en dicho país. Dos décadas después, el extinto ex-presidente y su sucesor Maduro han confiscado más de 1300 empresas, generándose mayor desempleo así como el incremento de la corrupción, delincuencia y migración hacia otros países, incluido el nuestro.

El 24 de junio pasado, a manu militari Martín Vizcarra ordenó a las clínicas privadas reducir los precios a los pacientes ingresados por la peste china en plazo máximo de cuarenta y ocho horas; caso contrario serían expropiadas conforme al artículo 70° de la Constitución Política. Error, o mejor dicho horror, cometido por el señor Vizcarra. De manera previa, entendemos que el pedido de bajar los precios -no solo para pacientes ingresados por Covid-19, sino en varias especialidades médicas- resulta un clamor nacional, pues, la brecha situacional entre un hospital y una clínica (o siquiera un centro médico) no tiene parangón. Sencillamente, los hospitales carecen de todo y los segundos tienen desde lo mínimo indispensable hasta todo aquello que cualquier paciente necesitase. Por ello, es totalmente cuestionable y hasta reprochable el elevar de manera inconmensurable los precios aprovechándose del estado de necesidad de las personas.

Lo que sí no es comprensible es el pretender romper y/o alterar el equilibrio del mercado, que bajo pretexto de cuidar la salud pública (que es de todos y para todos) expropiar propiedad privada para dárselo al alcance de los más necesitados. A punta de pistola, esto es bajo amenaza, sentar a negociar a empresarios. Estos últimos ya lo hicieron, y genera un pésimo precedente, toda vez que en adelante -y como lo hizo en septiembre pasado con el Parlamento que propició su cierre- el gobierno considerará -previa campaña de demolición de sus adláteres- que un determinado rubro o giro está siendo abusivo con la población y decidir su negociación unilateral, interviniendo peligrosamente en la libertad de mercado. Recordemos, y tengámoslo presente, que nuestra Carta Política garantiza una economía social de mercado (Art. 58°) y que la intervención estatal es mínima (Art. 60°). Además, el Artículo 82° de la Ley General de Salud -vigente desde el año 1997- textualmente señala “En la lucha contra las epidemias, la Autoridad de Salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes”.

Vizcarra no es Chávez y menos Maduro. Eso está claro; sin embargo insiste en demostrar su autoritarismo, imponiendo el eslogan “por la razón o por la fuerza” decisiones que deben ser consensuadas con la población, incluyendo a los empresarios, pasando por encima a un tímido y distraído Congreso, y ocultando con ello su incapacidad de gestión pública ante la incertidumbre vivida durante el confinamiento (más de cien días) y la dura realidad que nos tocará enfrentar en adelante ante la crisis provocada precisamente por este gobierno, donde miles de puestos de trabajo se han perdido y muchos de estos no volverán a recuperarse, aunado al sinfín de acusaciones hacia personajes del entorno palaciego de evidentes conflicto de intereses para contratar con el estado.