LA POSVERDAD DE VIZCARRA
La
Libertad de Expresión es un derecho fundamental que nos permite transmitir
nuestras ideas hacia los demás, sea de manera pública o privada. Como todo
derecho esencial, salvo la vida, es relativo, pues debe usarse respetando el derecho
de los demás; vale decir, no agraviando a persona alguna. Por ello, el Estado,
en sus distintos niveles de gobierno, así como los particulares, debe
garantizar el su irrestricto respeto, y denunciar -inclusive públicamente- cualquier atropello que menoscabe y/o
restrinja el mismo. Pensar, creer o actuar en contrario, no solo es ajeno a los
principios y valores consagrados en nuestra Carta Política vigente, y tratados
internacionales a los cuales estamos regidos, sino que significaría lo opuesto al
tránsito de una vida digna y sana en convivencia en un estado de derecho; ergo,
vivir en democracia.
Bajo
este preámbulo, llamó la atención el pretendido sometimiento del poder público el
comentario en redes sociales de un connotado periodista. Jaime de Althaus tuiteó
un meme en evidente alusión a la inopia labor del tozudo Fiscal José Domingo
Pérez, quién al tomar conocimiento del tuit por terceros (el propio Pérez ha
reconocido no utilizar redes sociales), reaccionó con zafiedad cuestionando la idoneidad
del señor De Althaus en el cargo de Consultor en la novísima Junta Nacional de
Justicia. Esta pretendida censura no pasó desapercibida, siendo rechazada por
un amplio sector de la población; sin embargo, ni el gobierno, la prensa
palaciega, o la Fiscal de la Nación, hicieron eco de tal afrenta.
Vizcarra
adolece -entre otras cosas- de comunicación.
En términos generales no gestiona, y lo poco que hace siempre es cuestionado.
Por eso, su discurso monotemático y muñidor. Utiliza la tristemente conocida
frase “miente, miente que algo queda”,
que en buena cuenta es la posverdad. Moisés Naim nos aclara que este concepto trata de “desinformar, confundir, alarmar,
distorsionar y mentir se hace más fácil, y su impacto se amplifica, gracias a
las nuevas modalidades de información, que contribuyen a que creamos menos en
las instituciones y más a nuestros amigos o a quienes comparten nuestras
preferencias políticas” (El País,
16.02.2020).
Ahí
tenemos la red de falacias durante y luego de la caída parcial del gabinete por
el caso Odebrecht (cuatro ministros y un procurador, renunciados), enredados en
sus opiniones el propio Vizcarra y Zeballos, al punto que la señora Montenegro
atinó a decir que “en el despido de Ramírez están directamente
involucrados los ministros de Energía y de Justicia” (La
República, 20.02.2020).
Otros ejemplos están en la misma declaración televisiva de
Vizcarra al afirmar ser Jefe de Gobierno y no de Estado, desmentido casi de inmediato
por el periodista, no teniendo más que aceptar el gazapo; o el espontáneo y
polémico decreto verbal de Morán de retirar la seguridad a los Congresistas,
siendo refutado horas después por el mismo Vizcarra.
Coincidimos con la periodista Mónica Delta cuando refiere que
“el discurso del Gobierno debe ser sólido
y equilibrado, midiendo resultados factibles” (Peru21, 20.02.2020); no obstante, esta falencia de comunicación al
interior -y hacia fuera- del gobierno
es única responsabilidad de Vizcarra, por lo que no puede ni debe -directa o indirectamente- pretender
acallar las voces cada vez más crecientes y críticas a su vacuo régimen.
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