LAWFARE EN PERU
El General de División (r) de la Fuerza
Aérea de EEUU, Charles Dunlap Jr. [1], define a la Guerra Jurídica “como el uso de la ley como un medio para conseguir lo que de otra
manera tendría que conseguirse con la aplicación de la fuerza militar
tradicional”, añadiendo -en el
caso de China- que “la guerra legal
es esencialmente argumentar que el grupo al que uno pertenece está defendiendo
la ley, criticar el grupo opuesto por violar la ley y defender el grupo al que
uno pertenece en los casos donde también ocurren violaciones de la ley” [2].
El
Centro Estratégico Latinoamericano de
Geopolítica (CELAG) define a esta figura (LAWFARE) como “el uso indebido de instrumentos jurídicos
para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e
inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente
legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su
entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más
vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo
popular para que no disponga de capacidad de reacción” [3].
Martha
Chávez manifiesta
que este término “… (Sic)…., viene siendo
usado para describir la manipulación o uso malicioso de las instituciones
legales por parte de los gobiernos para acosar a sus opositores y predisponer a
la opinión pública para justificar tal acoso y destrucción de toda disidencia u
opinión de acción discrepante” [4].
Del mismo modo, CELAG refiere la existencia
de tres dinámicas y un actor clave que confluyen para construir el Lawfare:
·
Timing político: implica que el
caso judicial (utilizado como un arma) se hace público en momentos de alto
costo político para la persona o grupos que son desprestigiados.
·
Reorganización del aparato judicial: las élites con el control del aparato del Estado
colocan en espacios clave a “técnicos” (abogados, jueces, fiscales) vinculados
al poder de turno, para atacar al adversario político y/o prevenir situaciones
hostiles que puedan provenir de éste.
·
El doble rasero de la ley: si bien pueden salir a la luz varios casos de
corrupción, se “elige” seguir de cerca a unos, invisibilizando o desestimando
otros.
·
Medios de comunicación masivos y concentrados: operan como “periodismo de guerra” de modo transversal
a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e
invisibilizar otros, a la vez que “manufacturan consentimiento” sobre la
corrupción como “enfermedad” del Estado y de lo público, a diferencia de las
buenas prácticas de lo privado.
En el caso
peruano, el Timing político se advierte claramente en las persecuciones
policiales-fiscales-judiciales de personajes políticos de gran trascendencia,
cuyos presuntos delitos (por lo general
vinculados a actos de corrupción como lavado de activos que deberán ser probados oportunamente en estricto
cumplimiento del debido proceso, incluyéndose el derecho de defensa, presunción
de inocencia, etc.) fueron (de ser cierto) cometidos con bastante
anterioridad, pero que de manera sorpresiva y justo en momentos de efervescencia
política (Vg. época electoral) fueron
privados de su libertad (detención
preliminar o prisión preventiva) o estando a punto de efectivizarse. Así,
tenemos a los ex-Presidentes Alejandro Toledo Manrique (2001-2006), actualmente
en trámite de extradición desde los EEUU y con orden de
prisión preventiva sin ejecutar; Alan García Pérez (+) (1985-1990 y 2006-2011),
terminó cometiendo suicidio previo a su detención preliminar en su casa; Ollanta
Humala Tasso (2011-2016) detenido con prisión
preventiva por 36 meses (conjuntamente con su esposa Nadine Heredia) siendo
luego liberado por un Habeas Corpus
dictado por el Tribunal Constitucional; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), primero con orden de prisión preventiva
por 36 meses, siendo internado de emergencia y al presentar problemas cardio
respiratorios, dicha orden fue variada por detención domiciliaria por el mismo lapso.
En esta lista, el caso de Keiko Fujimori Higuchi es singular. Ex-candidata
presidencial y lideresa de la primera fuerza mayoritaria del Congreso de la
República, Fuerza Popular (actualmente con 53 Congresistas), resulta que se
encuentra en prisión preventiva por 36 meses sin haber sido jamás funcionario
público que manejase recursos del Estado.
Con relación a la reorganización del aparato judicial resulta -primero- la desactivación del Consejo
Nacional de la Magistratura (órgano
encargado de designar, ratificar o no, y destituir jueces y fiscales en todas
sus instancias) y de la inhabilitación de todos sus integrantes (a pesar que la mayoría había renunciado
previamente), creándose la Junta Nacional de Justicia, que a pesar del
tiempo transcurrido sin funcionamiento a la fecha (recientemente el Congreso, a solicitud de la Comisión Especial nombrada
por el Ejecutivo, aprobó la prórroga del funcionamiento de dicho órgano para
cumplir con la elección de sus miembros). Segundo, una serie de cuestionamiento,
imputaciones, etc., contra determinados Jueces y Fiscales, siendo los más
conocidos el de los señores Duberly Rodríguez Tineo, Cesar Hinostroza Pariachi,
Aldo Figueroa, Pedro Chávarry Vallejos, Tomás
Gálvez y Raúl Rodríguez Monteza, vinculados a presuntas redes delictivas, y
obligados a renunciar a sus cargos o apartarse de determinados procesos
judiciales en los que fueron llamados por ley.
En esa misma línea, el protagonismo extremo de Jueces y
Fiscales como Concepción Carhuancho, así como el dúo dinámico Vela-Pérez y las
siempre solicitas Sánchez-Castro (del Callao), en clara y evidente desapego de
sus funciones (adelantando opiniones e
insubordinación) y de intromisión hacia otros poderes del Estado (como al Congreso de la República).
En suma, se
trata de retirar de contienda funcional a Jueces y Fiscales incómodos al
gobierno, y colocar en su lugar a aquellos que sí resulten atractivos para los intereses
de determinado grupo de poder (Vg. El
Club de la Construcción).
Respecto
del doble
rasero de la ley, advertimos una evidente persecución
fiscal-judicial a Congresistas igualmente incómodos (de oposición o no) al gobierno, como en los casos de Karina Beteta, César Segura, Segundo Tapia, Mario Mantilla, Freddy Sarmiento y Jorge Castro, quienes
presuntamente habrían
incurrido en los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica en
semana de representación; así como los casos de Héctor Becerril, Javier Velásquez, Carlos Bruce,
César Vásquez y Clemente Flores, por presuntamente haber participado en actos de corrupción vinculados a la organización criminal “Los
temerarios del crimen”. Además, estas investigaciones alcanzan partidos políticos, como Fuerza
Popular (allanamiento a su local partidario), y Partido Nacionalista (la Fiscalía
solicitó su extinción como organización política).
Sin embargo, poco o nada se explica (y menos se investiga y acusa) de
presuntos hechos de corrupción ligados a la deleznable Odebrecht o de las empresas
integrantes del otrora Club de la Construcción (COSAPI, OBRAINSA, Graña y Montero, JJC, entre otras).
Finalmente,
respecto de los medios de comunicación masivos y concentrados, el Diario El
País ha señalado “Las instituciones, los
gobiernos y los medios tradicionales han perdido el monopolio en la elaboración
y distribución de mensajes hegemónicos y eficaces entre los ciudadanos.
Cualquier persona, organización, grupo o movimiento puede ya competir con
gobiernos y reconocidos grupos mediáticos en la elaboración y distribución de
mensajes, sentimientos, incluso nuevos alineamientos identitarios. Sin embargo,
las múltiples consecuencias positivas de la democratización del debate público
están siendo ensombrecidas por una utilización tramposa, encubierta y
sistemática de las nuevas plataformas de comunicación para ocasionar de manera
deliberada disrupciones negativas en los sistemas de gobierno, las instituciones,
incluso las empresas, para ahondar en la crisis de confianza con los ciudadanos
y acelerar la ruptura del contrato social que sostiene la legitimidad de los
estados-nación” [5].
A su vez el
entonces jefe del desaparecido KGB, Yuri
Andropov, decía “La desinformación es como la cocaína.
Esnífala una o dos veces, puede que no cambie tu vida. Pero si la usas todos
los días te convertirá en un adicto, en un hombre diferente”.
Así, tenemos en nuestro país medios de
comunicación que diariamente inundan titulares antagónicos, apoyando
manifiestamente al gobierno (explicando
sus éxitos y/o bondades, mucho mejor inclusive que los propios Ministros) y
a su vez atacando inmisericordemente a aquellos personajes incómodos y
considerados como corrutos o cómplices de la corrupción, aseverando en algunos
casos frases como que es por “culpa de ellos”
que el gobierno no puede avanzar como quisiera.
Atendiendo
a esto último, tan exactas las palabras de Ricardo Uceda cuando dice “La fiscalización al sistema judicial, una de
las obligaciones de la prensa, es en extremo difícil pero necesaria. Errores
judiciales que causan severos daños son pasados por alto. Este año, por
ejemplo, el TC anuló el
juicio que impuso 30 años de prisión a la cantante Abencia Meza, detenida por asesinato desde el 2011.
¡Continúa en prisión, a la espera de un segundo proceso! Otro caso es el
de Gregorio Santos, quien pudo
haber robado al gobierno de Cajamarca. ¿Pero
no estuvo cuatro años preso por criminalidad organizada, un cargo que ahora
desapareció? Muchos de estos errores se deben, por otra parte, al temor de
los jueces al juicio de los
medios. Aparte de que el sistema de control interno los persigue solo si no dan
una prisión preventiva. ¿Hay jueces sancionados por imponer carcelería
indebidamente? El escrutinio periodístico judicial requiere un criterio propio,
con postura independiente ante el conflicto de cada caso. Es difícil porque
requiere investigar, y eso demanda recursos. Además, existe el riesgo de perder
fuentes. Salvo que comprendan que sus casos también salen beneficiados con la
crítica”. [6]
Mientras, seguimos profundizando las
brechas existentes, y nuestro Perú continúa polarizado y a su vez paralizado,
ajeno e indiferente ante los graves problemas cotidianos.
[2] Introducción a la guerra jurídica -
Manual Básico, publicado por MILITARY REVIEW - Agosto de 2017.
[3] Artículo: Lawfare. La judicialización de la política
en América Latina. En https://www.celag.org/wp-content/uploads/2017/03/LawfareT.pdf.
Comentarios
Publicar un comentario