DESPUES DE LA TORMENTA NUNCA LLEGA LA CALMA
El viejo y conocido refrán “Después de la tormenta siempre viene la
calma” parece no aplicar a nuestra realidad política. Recientemente el
Congreso de la República aprobó la Cuestión
de Confianza planteada por el gobierno sobre proyectos de reforma (Cambios en la inmunidad
parlamentaria, modificando el Artículo 93° de la Constitución; Impedimentos
para ser Congresistas a aquellas personas sentenciadas en primera instancia por
delitos dolosos, modificando el Artículo 34° de la Carta Política; Sobre
democracia interna de las agrupaciones políticas, modificando articulados de la
Ley de Organizaciones Políticas; Sobre inscripción de organizaciones políticas,
modificando articulados de la Ley de Organizaciones Políticas; Sobre la paridad
en la lista de candidatos y eliminación del voto preferencial, modificando
articulados de la Ley Orgánica de Elecciones; y Sobre la tipificación de
delitos de financiamiento, modificando articulados de la Ley de Organizaciones
Políticas e incorporando artículos al Código Penal) [1] que serán analizados
y debatidos -primero- por la Comisión
de Constitución y luego debatidos y aprobados (o no) por el Pleno del Congreso,
que entrarán en vigencia recién en el 2021.
Más allá de las bondades y/o beneficios que
conllevan las propuestas alcanzadas por el Ejecutivo (discusiones a favor o en
contra hay en abundancia y no es materia del presente artículo), lo cierto es
que nada de ello soluciona los graves problemas que viene atravesando el país.
Empecemos con el inicio de la era Vizcarra.
Desde que el Congreso aceptó la renuncia del entonces Presidente de la
República del señor Pedro Pablo Kucynski (23 de marzo de 2018 según consta de
la Resolución Legislativa 008-2017-2018-CR),
Martín Vizcarra, en su Mensaje a la Nación de investidura, prometió -entre otros- el respeto al equilibrio de
poderes [2].
Sin embargo, en el decurso del tiempo el señor
Presidente ha denotado ciertas actitudes que pareciera que tal promesa ha
quedado en eso: SOLO PROMESA. En su discurso del 28 de julio pasado se dirigió
al Parlamento para comunicar enfáticamente a la nación sobre la propuesta de
referéndum que tratase -entre otros-
sobre la NO reelección de los Congresistas.
Luego, en el mes de diciembre, y a través de una mediática campaña publicitaria
dirigida por el propio gobierno se obtuvo un resultado aplastantemente favorable
a los intereses del mismo señor Presidente (Votaron por el Sí a: Creación de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la
Magistratura), regulación del financiamiento de las organizaciones políticas;
prohibición de la reelección inmediata de Congresistas; y No al retorno
a la bicameralidad en el Congreso de la República) [3].
A partir de ahí (sino antes), el señor
Presidente optó por una tensa relación con el Congreso, en particular con las
dos fuerzas políticas (Fuerza Popular y el APRA) llegando a los niveles de crispación
política que hoy todos vemos y conocemos. Situación que permanece y que no
estamos seguros por cuánto tiempo más. Cierto es que el primer Poder del
Estado, desde el inicio de este gobierno (28 de julio de 2016) y con su amplia
mayoría, resultó ser -en principio-
más una fuerza demoledora y hasta iracunda (Vg. Interpelaciones y amenazas de censuras por doquier a Ministros),
para luego convertirse en un grupo aún mayoritario (Ojo, 53 Congresistas no es
poco) sin mayor respaldo popular y sin articulación interna (Vg. Los votos divididos en el último Pleno así
lo demuestran).
En esa misma línea, el señor Presidente decidió
por la politización de la justicia (aunque otros lo denomina judicialización de
la política), entendiéndose ello en sus tres subniveles de coordinación (Policía
Nacional, Fiscalía y Poder Judicial). El primero de ellos, con la creación y
puesta en marcha al interior de la PNP de la División
de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC),
que si bien se le reconoce haber participado en mega operativos contra la
criminalidad organizada (Vg. los Piratas
del Norte, el Clan Orellana, los Malditos de Santa Rosa, entre otros) [4], también ha recibido
severos cuestionamientos por la mediática exposición de su accionar (el más
recordado y sentido fue el allanamiento a la casa del extinto Presidente Alan
García) [5] y de sus integrantes
(testigos todos del faltamiento de respeto a la investidura del Parlamento por
parte de sus integrantes al mando del Coronel Harvey Colchado) [6] [7]. Aunado a ello, la
resaltante y (ahora) creciente preocupación por las declaraciones del Ministro del
Interior Carlos Morán admitiendo que el pasado 18 de mayo inauguró una nueva
sede central de equipos de interceptación telefónica (Chuponeo!!!!!, sí señores)
en las instalaciones de la Base Aérea Las Palmas que serán utilizados por la
Dirección Nacional de Inteligencia, garantizando (felizmente para nuestra
tranquilidad) que los mismos serán puestos en funcionamiento siempre que medie autorización
judicial [8] (suena familiar,
verdad?). En lo segundo, al interior del Ministerio Público la situación no
anda mejor que digamos. Un Fiscal de la Nación (sigue siendo Fiscal Supremo el
señor Pedro Chávarry) obligado a renunciar por las constantes e inquietantes
amenazas de destitución del cargo (hasta hoy en día), con una nueva Fiscal de
la Nación (señora Zoraida Ávalos) sin mayor protagonismo (entiéndase cambios)
permitiendo que el dúo dinámico Vela-Pérez y las siempre presentes Sánchez-Castro
(del Callao) opinen antojadizamente sobre asuntos en lo que legalmente debe entenderse
como proscrito, incluyendo las alevosas afrentas al superior al pedir la
destitución del señor Chávarry Vallejos [9] así como la
inhibición (apartamiento) del Fiscal Supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza y del Juez
Supremo Aldo Figueroa Navarro [10], esto último en evidente interferencia en otro
Poder del Estado (Poder Judicial). Solo por curiosidad (y quizá de alguna
ilustración) la Ley de la Carrera Fiscal,
Ley N° 30483, en su Artículo 47° refiere que son faltas graves de los Fiscales,
entre otras, los Numerales 5) Admitir o formular
recomendaciones en investigaciones fiscales o procesos judiciales, 6) No guardar la discreción debida en aquellos
asuntos que, por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, requieran
reserva, 7) Incurrir en conducta y
trato manifiestamente discriminatorios en el ejercicio del cargo, y 19) Comentar a través de cualquier medio de
comunicación aspectos procesales o de fondo de una investigación o proceso en
curso; y en su Artículo 48° como faltas muy graves, entre otras, Numeral 6)
Interferir en el ejercicio de funciones
de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la
interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra
el órgano fiscal o la función fiscal. Y, en el caso del Poder Judicial, el permanente
ejercicio abusivo de las figuras jurídicas de alcance excepcional como son la
detención preliminar y prisión preventiva [11] contra personajes políticos considerados -en muchos casos- incómodos al gobierno.
Cabe precisar que estas
medidas provisionales han sido dictadas sin acusación fiscal, vulnerándose con
ello el principio constitucional de la presunción de inocencia.
De esto último, no debemos pasar por alto la
precaria imagen internacional que mostramos al tener sentados en el banquillo
de los acusados (y en varios casos presos o punto de estarlo como lo
explicaremos seguidamente) a figuras políticas ampliamente conocidas. Así, los ex-Presidentes
Alberto Fujimori (de regreso a prisión luego de revocársele el indulto
presidencial otorgado por PPK), Alejandro Toledo (pendiente su extradición
desde los E.E.U.U), Ollanta Humala, incluyendo su esposa Nadine Heredia (con
habeas corpus a su favor otorgado por el Tribunal Constitucional recién ambos
recuperaron su libertad, aunque aún afrontan procesos judiciales), PPK (primero
con orden judicial de prisión preventiva por 36 meses, variado luego, por
problemas delicados de salud, a detención domiciliaria) y Alan García (el
suicidio evitó la detención preliminar dictada y -peor aún ejecutada- de manera muy poco profesional por la comentada
DIVIAC) [12]. Ironías de la vida
(y no sería para nada extraño) que a este ritmo el señor General (r) Francisco
Morales Bermúdez sea citado a declarar y hasta se le requiera y aplique algunas
de estas referidas figuras jurídicas (alguien recordó al no menos conocido Plan
Cóndor?). Aunado a ello, resulta el caso de la ex-candidata presidencial y
lideresa del partido Fuerza Popular Keiko Fujimori quien cumple prisión
preventiva por 36 meses, luego que la Sala Superior revocara la orden de
detención preliminar en su contra, sin siquiera haber sido vez alguna autoridad
pública con manejos de fondos públicos.
En sentido contrario advertimos la penosa
lenidad de nuestra justicia al afrontar casos de corrupción de personajes
ligados al actual establishment,
siendo el más emblemático de la señora Susana Villarán, ex-alcaldesa de Lima,
que luego de varios y tardíos meses de investigación fiscal recientemente el
dúo dinámico Vela-Pérez se animaron a solicitar prisión preventiva. Como diría
en su momento el Mariscal Benavides “Para
mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.
Lógico, y no está demás recordarlo, todo ello
animada por la gran trascendencia y cobertura mediática de algunos medios de
comunicación afines (desde que luego que altruistamente) al señor Presidente.
A todo esto, una pregunta que cae de maduro: ¿Qué
logros y/o resultados ha mostrado el señor Presidente a la fecha?. Antes de
ensayar respuesta alguna, analicemos la coyuntura actual del país en los
frentes interno y externo. En el primero, existe una creciente sensación de un
sector de la población que el gobierno (específicamente el señor Presidente)
pretende copar -sino todos- gran
parte de los sectores estratégicos, vale decir, romper con el equilibrio de
poderes que debe primar en todo estado de derecho [13]. Asimismo, el incremento
de la ola delincuencial [14] (asaltos, sicariato,
cobros de cupos, violencia en general, incluyendo esto último feminicidios),
descuido (por no decir abandono) de las poblaciones vulnerables [15] [16] (niñez, mujeres
adolescentes embarazadas, adulto mayor), déficit de profesionales de la salud [17], incluyendo la salud
mental [18] [19], incremento de la
adicción a las drogas [20], disminución de la
inversión pública en lo que va del año en 6.6% [21], etc.
A nivel internacional, en febrero de este
año, OXFAM publicó el Informe "Brechas
latentes: índice de avance contra la desigualdad en el Perú 2017-2018"
[22], basándose en cuatro
ejes: Justicia Tributaria; Inversión en las
personas; Empleo digno; Derechos económicos de las mujeres; y Gobernanza
socioambiental y de los recursos naturales. El autor de este informe, Armando
Mendoza Nava, señala que "El Perú
del presente no es un país significativamente más justo y equitativo. Las
viejas exclusiones y barreras en gran medida siguen en pie y el contexto actual
es menos favorable para seguir avanzando contra la desigualdad. Difícilmente
volveremos a tener una oportunidad como la que dejamos pasar durante los años
de alto crecimiento económico. Ahora el desafío es preservar lo ya avanzado y
reactivar la lucha contra la desigualdad en sus diversas dimensiones”, concluyéndose
que con ello nuestro país se alejó del objetivo de ingresar a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el 2021.
Asimismo, en el Ranking de Competitividad Mundial 2019, elaborado por
el Institute for Management Development (IMD) y CENTRUM PUCP [23], el Perú experimentó un nuevo retroceso en competitividad ubicándose
en la posición 55 de 63 países; es decir, un puesto menos respecto al año
pasado, basándose en los siguientes cuatro pilares: Desempeño económico;
Eficiencia de gobierno; Eficiencia de negocios, e Infraestructura. Al
respecto, se manifiesta que nuestro país “…..(Sic)….,
disminuyó en puntaje debido al bajo desempeño en finanzas públicas, inadecuadas
políticas fiscales, ineficiente legislación de negocios, bajos indicadores en
el mercado laboral, bajo nivel del sector financiero, pocas prácticas
gerenciales, baja inversión en salud y ambiente, en educación, además por el
poco avance en infraestructura básica y científica”.
Simplemente no se precisa mayor comentario.
Retomando la pegunta ¿Qué logros y/o
resultados ha mostrado el señor Presidente a la fecha?, considero más bien que
la respuesta que el mismo Mandatario deberá encontrar, previamente pasa por
reconocer el irrestricto respeto a la institucionalidad presidencial; ergo, más
allá de la forma accidental que le tocó asumir la primera magistratura del
país, el señor Martín Vizcarra debe saber que nos gobierna a TODOS los
peruanos, sin excepción alguna, procurando con eficiencia y responsabilidad
llevar diligentemente el gobierno hasta el 28 de julio de 2021.
Entendido ello, el señor Presidente
comprenderá que en DEMOCRACIA (más aún representativa como la nuestra) debe
primar -además el irrestricto respeto-
la tolerancia hacia las decisiones que adopten las demás instituciones, TODAS,
ídem sin excepción alguna. Esto garantiza dos cosas: Primero, un equilibrio de
poderes (check and balances), básico
y primordial en un estado de derecho; y segundo, la protección de los derechos
fundamentales de cada uno de nosotros. No más confrontación política, toda vez
que -refiriéndome al Parlamento-
estas 130 personas fueron electas democráticamente, incluyendo sus tendencias
políticas (lo cual es bienvenido porque es el foro ideal para discutir,
deliberar y adoptar acuerdos políticos, y no en vano se le denominado el Primer
Poder del Estado), para representarnos a TODOS los peruanos [24].
Además el señor Presidente entenderá la
importancia de la independencia de la función jurisdiccional, incluyendo al
Ministerio Público; vale decir, la no intromisión en las decisiones fiscales y
jurisdiccionales, por más tremebundas que le pareciera.
En esa misma línea, establecer reglas claras
de políticas de gobierno en materias de educación (dejemos de lado el tan
mentado enfoque de género), salud (incluyendo salud mental), ocupacional (mayor
generación de puestos de trabajo), poblaciones vulnerables (niñez con
incidencia en desnutrición, adolescencia haciendo hincapié en estado de
gestión, adultos mayores en desamparo), reactivación económica (no solo el
control de la inflación, sino que además generar inversión pública y privada),
etc.
En resumen, es necesario que el señor
Presidente se convierta en el gobernante dialogante y tolerante, toda vez que
PERSONIFICA A LA NACIÓN, siendo su deber ponerlo en práctica, y el nuestro
recordárselo las veces que sean necesarias.
Fernando Valdivia Correa
Abogado
Cel.
945680439
Email: fvaldiviacorrea@hotmail.com
Egresado
de la Maestría en Derecho Constitucional
Egresado
de la Maestría en Comportamiento Organizacional y de Recursos Humanos
“Amicus
Plato, sed plus magis amica est veritas”
[1] Diario El Comercio: REFORMA POLÍTICA: ESTOS SON LOS SEIS PROYECTOS QUE EL
EJECUTIVO PRIORIZA.
Léase: https://elcomercio.pe/politica/cuestion-confianza-reforma-politica-son-seis-proyectos-ejecutivo-prioriza-noticia-ecpm-641676.
[2] Radio Programas del Perú: PRIMER DISCURSO DE MARTÍN VIZCARRA COMO
PRESIDENTE DEL PERÚ. Léase: https://rpp.pe/politica/gobierno/martin-vizcarra-este-fue-su-primer-discurso-al-asumir-la-presidencia-de-la-republica-noticia-1112285.
[3] Diario El Comercio: REFERÉNDUM 2018: ASÍ VAN LOS RESULTADOS DE
LA ONPE. Léase: https://elcomercio.pe/politica/referendum-2018-resultados-oficiales-onpe-noticia-586165.
[7] Como bien anota el analista
político Fernando Rospigliosi “Setiembre
de 2018: como Chávarry no hizo caso, Colchado declaró públicamente contra él al
portal Convoca.Pe: “No es que Chávarry haya estado metido de lleno en la
organización criminal, pero sí se prestaba (a las acciones de esa red); es un
‘Cuello Blanco’”. Hay que recordar que un oficial en actividad no puede hacer
manifestaciones públicas de ese tipo y si las hace es pasible de una sanción,
pero Colchado quedó impune”, en http://politico.pe/rospi-marca-la-agenda-seis-revelaciones-de-su-ultima-investigacion-para-politico-pe/.
[14] Editorial TOQUE DE QUEDA. Léase: https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-toque-queda-268939.
[15] CADA DÍA QUEDAN EMBARAZADAS 4 ADOLESCENTES MENORES DE 15 AÑOS EN EL
PERU. Léase: https://peru21.pe/peru/inei-dia-quedan-embarazadas-4-adolescentes-menores-15-anos-peru-411389.
[16] DESNUTRICIÓN CRÓNICA AFECTÓ AL
12,2% DE LA POBLACIÓN MENOR DE CINCO AÑOS DE EDAD En El Año 2018. Léase: https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/desnutricion-cronica-afecto-al-122-de-la-poblacion-menor-de-cinco-anos-de-edad-en-el-ano-2018-11370/.
[19] A pesar que con fecha 23 de mayo
de 2019 se publicó en El Peruano Ley N°30947, Ley de Salud Mental.
[20] RT
Actualidad
publicó el documental “EN PERÚ EL CAMINO A LA ADICCIÓN ES
CEMENTERIO, HOSPITAL O MANICOMIO” Léase: https://actualidad.rt.com/programas/rt_reporta/317280-peru-camino-adiccion-cementerio-hospital.
[24] Ob. Cit. “En suma, no se trata de desconocer las atribuciones de
cada poder del Estado; por el contrario, vivir en democracia significa respetar
y hacer respetar las Instituciones Públicas del país; sin embargo, dicho
respeto debe estar en correspondencia con la protección de los derechos
fundamentales de todos y cada uno de nosotros frente a arbitrariedades
cometidas por terceros, incluyendo -como lo hemos señalado- del propio Estado”.
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