CON MIS MILITARES DE NO TE METAS
A
solo días de la crisis política desatada por el Gobierno a raíz del polémico
uso de los mandiles por parte de miembros del Ejército Peruano [1], una lamentable noticia
enlutó al país con la prematura muerte de tres valerosos héroes militares en un
enfrentamiento con delincuentes terroristas en el
Centro Poblado Valle Manantial, Distrito del Vizcatán del Ene, Provincia
de Satipo, Junín.
Lo peor (si cabe el término desde luego)
vino después con la confusión en el traslado de los restos del
suboficial de segunda EP Ítalo Pérez Ávila y del subteniente EP Tomy Heredia
Yovera, desde Junín a Lima, y viceversa, generando profundo malestar en los
familiares de los fallecidos, aunado al terrible dolor que significa la pérdida
de un ser querido. El CCFFAA ha reaccionado disponiendo el inicio de una exhaustiva investigación para determinar
las responsabilidades y aplicar las sanciones a que hubiera lugar.
Más
allá de este pronunciamiento institucional, queda claro la precariedad en el
manejo administrativo al interior del Ejército, puesto que no es difícil el cumplir
diligentemente con la función encomendada al existir previamente protocolos,
directivas, instructivos, etc. En suma, hechos como lo ocurrido no solamente no
deben volver a suceder, sino que ¡¡¡¡ Nunca
debieron haber existido !!!!.
Esta misma situación (precariedad
institucional) se ha visto reflejada recientemente, primero, con lo acontecido
en la pomposamente denominada Comisión Especial de la Junta Nacional de
Justicia. El único seleccionado -y presto
a juramentar- Pedro Patrón Bedoya tuvo que renunciar al habérsele detectado
vigente un proceso judicial en su contra (aunque
últimas informaciones dan cuenta de investigaciones penales por lavado de
activos). Extraño es -por decirlo
menos- pensar que alguno de los integrantes de la citada Comisión (entre ellos los Titulares del Ministerio
Público y Poder Judicial) no tuviesen conocimiento de esta gravitante
información. Dos supuestos: De haberla tenido y no exponerla durante el proceso
de selección, serían partícipes (o quizá
hasta cómplices) de un hecho bastante irregular; y, de no haber sido así, significa
no haber cumplido con la función encomendada, esto es el de previamente “filtrar”
los antecedentes del -hasta ese momento-
postulante. En ambos, corresponde que estos señores presenten su renuncia,
tanto a seguir integrando la Comisión de la JNJ como a Titulares de Pliego,
toda vez que no es suficiente la renuncia del Secretario Técnico de dicha
Comisión.
Lo segundo tiene que ver con la fuga planificada
-y en evidente complicidad de algunos
malos funcionarios públicos- del temible asesino Rubén Moreno Olivo condenado
a 25 años de cárcel por asesinato. Resulta que en el mes de febrero pasado, el
mediático juez Richard Concepción Carhuancho (sí, el canero) firmó una
resolución judicial ordenando la excarcelación de este delincuente y su
consecuente arresto domiciliario. Cuatro meses después, el INPE sin hacer
preguntas lo liberó el 13 de los corrientes. En una rápida reacción, el MINJUS
cesó a todos los Miembros del Consejo
Nacional Penitenciario del INPE (Resolución
Suprema N° 142-2019-JUS, publicada en El Peruano con fecha 28 de junio de 2019), aunque está
claro que existe un presunto acto de corrupción puesto que resulta inimaginable
que un sentenciado de máxima seguridad salga caminando del penal únicamente por
falta de coordinación entre autoridades del Estado (Poder Judicial y el INPE).
Asimismo, causa extrañeza la orden impartida por el polémico juez Concepción
Carhuancho al permitir que venciera el pazo de prisión preventiva, teniendo en
cuenta su conocido apresuramiento (no es
lo mismo que celeridad) al impartir justicia selectiva. Entonces, ¿por qué ha
demorado este proceso sin que a dicha fecha expida sentencia?, y ¿habría
ordenado la excarcelación si el procesado hubiese sido la señora Keiko Fujimori
o algún otro miembro del partido político Fuerza Popular?.
Como bien refiere El
Comercio “De otro lado, La situación, además,
adquiere ribetes particularmente dramáticos en un contexto en el que la
inseguridad ciudadana mantiene en vilo a todos los peruanos. ¿Cómo podemos
pretender que el Estado haga cumplir la ley cuando el diseño del sistema (y la
irresponsabilidad de quienes lo componen) permite que probados criminales estén
en las calles? Es evidente que existe una peligrosa desconexión entre quienes
dictan las medidas restrictivas para estos y quienes deben hacerlas efectivas.
Y no olvidemos que el caso que nos ocupa concita interés mediático, por lo que
es probable que sea solo uno de muchos que no llegamos a conocer” [2].
Agregar que el
ahora nuevo prófugo estará de seguro en el deteriorado Programa de Recompensas del
MININTER, sumándose a la larga lista de “los más buscados” y otra tanta que la
siempre expeditiva policía política DIVIAC no puede (o no quiere) encontrar. ¿Por cierto, sabrá el señor Vizcarra que su
predilecta División Policial aún no captura al ex-Congresista Donayre y
ex-Gobernador Regional Félix Moreno?.
Coincidimos en que es de gran relevancia la
lucha frontal contra la corrupción.
Para alcanzar esto, también es importante que nuestras autoridades cumplan con
conocer y hacer saber las competencias funcionales que les tiene asignada la
norma, toda vez que -como lo dijimos
líneas arriba- sucesos como los antes descritos mellan el honor y dignidad
de nuestros valerosos militares de las Fuerza Armadas, pues así como gritamos a
viva voz “Con mis hijos no te metas”, estos señores son también hijos de nuestro
Perú, nobles herederos de los insignes héroes Cáceres y Bolognesi.
¡¡¡¡ Recordémoslo siempre !!!!.
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