FERNANDO CARLOS VINICIO VALDIVIA CORREA

En los últimos días hemos sido testigos de las furibundas críticas en la Defensoría del Pueblo por la salida de “funcionarios de carrera”, reemplazados por otros que - en apariencia - no cumplirían el perfil idóneo. Uno de los cuestionadores ha sido el Sindicato de dicha entidad. Si tienen razón, o no, lo analizaremos a continuación. De manera preliminar, este gremio mantuvo conflicto de intereses al interior del centro laboral, pues se opusieron fervientemente a que el Congreso de la República escogiese al sucesor de Walter Gutiérrez , cuya interina Eliana Revollar llevaba más de 1 año. Para ello consiguieron “su juez”, quien a través de prolongadas medidas cautelares bloqueaba cada intento del Parlamento a proseguir con la designación. Hasta que el Tribunal Constitucional zanjó el tema señalando que es función exclusiva y excluyente del Legislativo nombrar al Ombudsman. Así sucedió, recayendo la responsabilidad en Josué Gutiérrez , decidiendo a su vez contar con personal de confia

Hace algunos años, las entidades financieras obligaban a sus clientes a firmar contratos con letras muy pequeñas. Ante las masivas quejas presentadas, INDECOPI - amparado por el Código de Protección al Consumidor - obligó a dichas instituciones garantizar un servicio de idoneidad empezando por agrandar las palabras en los referidos contratos.   Décadas después, la historia vuelve a repetirse solo que esta vez no se trata de un banco sino del Congreso, ni tampoco es cualquier ciudadano sino de un padre (o mejor dicho madre) de la patria; es decir, Flor Pablo . Días atrás, el Pleno aprobó por amplia mayoría la reposición de catorce mil docentes cesados en el 2014. De inmediato, tanto el ministerio de Educación como algunos Parlamentarios se opusieron. Dentro de estos últimos se encontraban la exministra vizcarrista, quién al ser entrevistada no recordaba haber votado a favor, declarando sin rubor alguno “ fui embaucada con la letra chiquita del proyecto de ley ”.   Tiempo atrás,

Uno de los logros ampliamente reconocidos del gobierno del expresidente Alberto Fujimori fue la pacificación del país de las garras del terrorismo. Con la caída del régimen en noviembre de 2000, los sucesores de corte caviar, Valentín Paniagua y Alejandro Toledo , minimizaron el éxito alcanzado creando una Comisión de la Verdad y Reconciliación, que en nada tuvo de verdad y menos de reconciliación, toda vez que - entre otros - calificó como “ conflicto armado interno ” a la guerra librada y vencida contra el terror. Paralelamente, el Tribunal Constitucional derogó las leyes antiterroristas dictadas en los noventa, ordenando nuevos juicios. Si bien las cúpulas fueron sentenciadas a cadena perpetua, miles recibieron penas benévolas. En el decurso de los años, varios de estos sátrapas han recuperado su libertad (Osmán Morote, Margot Liendo, Nancy Gilvonio, Lori Berenson, entre otros). En contraposición, cientos de militares y policías (a la fecha la mayoría de ellos en retiro, inclusive