PENSANDO EN ABRIL PRÓXIMO HACIA ADELANTE
Hasta
que por fin el gobierno reaccionó ante la pandemia y nos puso en cuarentena por
quince días. De acuerdo al último reporte oficial, van 117 los infectados y
afortunadamente ningún fallecido que lamentar. Un mensaje a la nación del
domingo último de Vizcarra en compañía del Consejo de Ministros en pleno, y la
publicación del DS N° 044-2020-PCM, han sido -por el momento- necesarias para contrarrestar el avance nocivo del
denominado COVID-19.
Saludamos la decisión adoptada por el
ejecutivo, pues como bien reseña ABC de
España “Al quedarnos en casa hasta
recuperarnos por completo, en la práctica nos excluimos del grupo de infectados para pasar directamente al
de los eliminados”.
Más allá de la compleja tarea abocada por
el propio gobierno en contener y radicar el letal virus, está la legítima
preocupación por nuestra alicaída economía. SEMANA ECONOMICA refiere “Pero
también es tarea del Estado proteger y otorgar facilidades a las empresas que
pertenecen a los sectores más afectados, de modo que no se agrave una situación
en la que probablemente disminuirá el consumo privado, se perderán empleos y
subirá el riesgo de que se rompan las cadenas de pago entre proveedores, el
Estado, y las grandes empresas. Eso es algo que deberían entender quienes
critican la legítima preocupación de los agentes económicos”.
Es sabido que siete de cada diez peruanos
trabajan en la informalidad (sin contar a la fuerza laboral migrante en los
últimos dos años), que no a todos ellos les alcanzará el subsidio ofrecido de 380 soles, ni les será suficiente para retomar sus
quehaceres cotidianos, pues pasada la cuarentena habrá temor en salir a la
calle y comprar productos que no sean considerados de primera necesidad (Vg. ropa).
En el plano formal, se encuentra
el sector público, específicamente los gobiernos locales con un presupuesto anual
proyectado de S/ 27 mil millones, en el que el 80% (o más) de sus ingresos son directamente recaudados (denominado RDR,
como impuesto predial, arbitrios, multas administrativas, etc.) y el saldo
otorgado por el gobierno central (Vg. FONCOMUN). Queda claro que los municipios
afrontan mensualmente gastos por: servicios básicos (luz, agua, internet,
telefonía, etc.); bienes (Vg. útiles de escritorio); servicios (Vg.
proveedores); obras (Vg. pistas y veredas); contratación de personal (Vg. CAS,
SUNAT, AFP u ONP, etc.); así como diversos adeudos de gestiones anteriores y
propia (demandas por pago de beneficios sociales, incumplimiento de pactos
colectivos, pensiones, entre otras). Una realidad que todas estas entidades -inclusive muchas con magros presupuestos-
deben asumir, y que en estas dos semanas de emergencia dejarán de percibir.
Por ello resulta válido el
cuestionamiento en las acciones a emprender por parte de Vizcarra para hacer
frente a esta situación que podría tornarse caótica en los subsiguientes meses.
El status quo no es una opción, pues
ocasionará rotación de personal (en buena cuenta cese de trabajadores), así
como incumplimientos de las obligaciones antes citadas, perjudicando al vecino
(Vg. deficiencias en el recojo de basura), trabajadores (incertidumbre ante la
instabilidad laboral), así como a terceros (proveedores, incluyendo al mismo
Estado como la SUNAT). En suma, una inmensa bola de nieve que terminará
perjudicándonos como sociedad.
Es
cierto que hoy es momento de seguir colaborando con lo dispuesto por nuestras
autoridades, exhortándonos a mantener la calma y conservar el buen humor, aunque
también es el de pedir al gobierno asumir con responsabilidad las acciones a
emprender (o empezar a hacerlo) a partir del 1 de abril hacia adelante.
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