Supongamos
que Juan labora en una entidad bancaria, y empieza a recibir órdenes con las
cuales no está de acuerdo. Reclama verbalmente pero no es escuchado, y menos
atendido. Sabe que tiene como opciones renunciar o presentar su queja por
escrito; esto último para que el inmediato superior instruya a su jefe que
varíe o deje sin efecto las tareas adicionales encomendadas. Sin embargo, Juan
hace lo impensado, recurriendo a las redes sociales mostrando su disconformidad
con el trabajo, y criticando a su vez al empleador. La institución reacciona, y
como es prever lo despide por falta grave. Esta situación que ocurre comúnmente
en el ámbito privado se le denomina PRINCIPIO DE AUTORIDAD, toda vez
que el vivir en democracia significa que somos una sociedad jerárquicamente organizada.
Y en sector
público también opera, pues las acciones u omisiones de los funcionarios estatales
son objetos de cuestionamientos no solo por parte de la ciudadanía, sino además
de investigaciones por parte de órganos de control. Así, recientemente se conoció
la suspensión sin goce de remuneraciones a Rafael Vela Barba, otrora
poderoso Fiscal Superior Coordinador del Equipo Lava Jato, por inconducta
funcional por parte de la Autoridad Nacional de Control del
Ministerio Público (ANCMP). Los argumentos esgrimidos
en la resolución de sanción son hartos conocidos, toda vez que Vela Barba “se
fue de boca” al criticar abiertamente decisiones jurisdiccionales. Lo había
hecho antes, solo que en esta oportunidad no se la pasaron por alto, y los
magistrados ofendidos no se callaron y lo quejaron.
En su defensa,
Vela Barba se ha victimizado alegando persecución de sus enemigos. Paralelamente,
José
Domingo Pérez (sí, el que no pasó el examen de conocimiento en el último
proceso de ascenso para Juez Superior) salió presuroso a declarar que el próximo
sancionado sería él, cuestionando a su vez la decisión de la ANCMP. Por su parte,
la señora Patricia
Benavides, Fiscal de la Nación, descartó injerencia alguna en la
sanción impuesta; mientras que Arturo Fernández Jerí, titular de la
ANCMP, sostuvo que “no hay fiscales dioses”.
Lo cierto es que tanto
Vela Barba como Pérez Gómez, Juárez Atoche, Concepción Carhuancho, y un no muy
largo etc., pertenecen a un grupúsculo de burócratas que usaron y abusaron del
poder conferido para -por un lado- encarcelar arbitrariamente a
personajes adversos al régimen del mitómano Martín Vizcarra, con el beneplácito
de su entonces Jefe y hoy defenestrada Zoraida Ávalos; así como beneficiar
ilegalmente a otros como la corrupta Odebrecht.
Es momento de seguir
recuperando el principio de autoridad no solo en el Ministerio Público, sino
hacerlo extensivo en todo el aparato estatal, sobre todo luego de los diecisiete
meses de desgobierno del golpista Pedro Castillo Terrones.
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