GOBIERNO COLISIONADO
Han transcurrido ciento treinta y cinco
días desde que Martín Vizcarra cerró inconstitucionalmente el Congreso de la
República, aludiendo obstruccionismo por parte del primer Poder del Estado.
Convocó a elecciones complementarias, las mismas que se llevaron a cabo el pasado
26 de enero cuyos resultados conocidos nos hace presumir que tendremos un
Parlamento fragmentado de cara al Bicentenario. Mejor imposible para el gusto
del Dictador. Por ello, el precario gobierno (insistimos en esta definición) ha
emitido sesenta y siete Decretos de Urgencia, sin fiscalización y/o control
alguno, que serán revisados por el entrante Congreso para analizar la
constitucionalidad o no de cada uno de ellos.
Sin embargo, un reciente reportaje del
programa dominical Panorama dio cuenta de un conflicto de intereses entre el
entonces Ministro de Energía y Minas y la corrupta Odebrecht. Liu Yonsen
confirmó haberse reunido este 23 de enero con representantes de dicha empresa
en su Despacho a pedido del hasta ese momento Procurador Ramírez. Al día
siguiente, el ahora ex-Procurador señaló que dicha reunión fue coordinada por
la Ministra de Justicia, agregando luego que también tenían conocimiento el
Premier y el Presidente. Cual efecto dominó, cesaron a Liu y Revilla, agregándose
a la lista Flor Pablo y Edmer Trujillo, de Educación y de Transportes y
Comunicaciones, respectivamente (este último era previsible desde hacía tiempo
su cese por su complicada situación en la Fiscalía de Moquegua).
Como era lógico, todas las miradas recayeron
en Vicente Zeballos, pues no solo sabía de esta reunión con la mafiosa
Odebrecht, sino que además se la ocultó a Vizcarra, al considerarla sin mayor
trascendencia. No obstante, el propio Vizcarra
declaró -por enésima vez- que su gobierno
combate la corrupción, mientras que en paralelo su Premier manifestó no
negociar con delincuentes. Y, haciendo
gala de ser un gobernante teflón, presuroso designó a los reemplazantes de los
cuatro ministros cesados.
Aun así, las reacciones políticas no se
hicieron esperar, inclusive de la prensa palaciega, al punto que un reconocido
periodista, afín al media training, soslayó “En cada
explicación que dan enredan más las cosas para entender qué ha pasado con un
gobierno que se tropieza al caminar”.
Para acallar los crecientes rumores de
la calle, ya no solo por ineptitud sino por el caos permanente al interior del
gobierno, Vizcarra nos trajo dos nuevos psicosociales. El primero, la sentencia
anticipada (por supuesto con show mediático de por medio) al ex-alcalde de Lima
Castañeda, investigado innumerables veces por indeterminados delitos, y que justo
el día de San Valentín (un día después de la juramentación de los nuevos ministros)
se le ordenó prisión preventiva por veinticuatro meses. Culpable o no, el
tiempo y su debido proceso lo determinará, pero cuestionable -una vez más- el uso desmedido de esta
figura jurídica de excepción por parte de operadores de justicia palaciega.
Lo segundo, las declaraciones del acomedido
Ministro Morán amenazando que los congresistas no contarán con seguridad
personal. El aplausómetro, verdad?. Bueno, el señor Morán debe tener presente
que el Artículo 98° de la Carta Política refiere que “El Presidente de la República está obligado a poner a disposición del
Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que
demande el Presidente del Congreso”. Por lo tanto, decidir si corresponde o
no seguridad personal a los parlamentarios no es decisión del gobierno, sino
del propio Parlamento.
El prestigioso Diario El País (15.02.2020), en una reseña de la
situación vivida en El Salvador a propósito de la inconstitucional arremetida -con presencia militar y policial- del
Presidente Nayib Bukele en el Parlamento de su país, dijo: “la presidencia ….. está marcada por el
nepotismo, la opacidad, el insulto constante a cualquier adversario, el veto
más descarado a medios de comunicación críticos y la respuesta agresiva a
cualquier señalamiento de conflicto de intereses o posible corrupción en su
Gabinete”. Salvando la distancia geográfica, esto es lo que ocurre con el señor
Vizcarra, cuyo gobierno seguirá cuesta abajo, con discursos monotemáticos
grandilocuentes, un premier cada vez más desgastado (forzado a quedarse al no encontrársele
reemplazo), sin obras que mostrar y con poco o nula ejecución en la calidad y
cantidad del gasto público, aunado a la creciente brecha social en la que permanecemos.
Urge, por tanto, que el Parlamento entrante persuada al Dictador deponer su temeraria
actitud de continuar gobernándonos y ponga en mesa su renuncia inmediata; o promover
y efectivizar su vacancia por incapacidad moral.
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